Joseph Campos, abogado de la presidenta de la República, afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la suspensión de las investigaciones abiertas contra la Mandataria hasta el final de su gestión, protege la figura presidencial en aplicación del artículo 117 de la Constitución.
Según Campos, la medida busca evitar que la política se vea distorsionada por denuncias judiciales durante el mandato. Además, destacó que la decisión del TC “protege la figura presidencial sin generar impunidad”.
“El presidente debe estar tranquilo durante el mandato. Lo que hizo el Tribunal fue consagrar y equilibrar la situación, como ocurría en la historia constitucional. No genera ningún tipo de impunidad, sino que posterga la investigación hasta que termine el mandato”, explicó Campos.
El artículo 117 de la Constitución establece que:
“El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134; y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
En ese contexto, Campos precisó que las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte “deben suspenderse, tal como ha ordenado el Tribunal”. Solo se podrán continuar diligencias en los casos previstos por el artículo 117.
Respecto a otras acusaciones, el abogado indicó que únicamente se podrán realizar acciones puntuales, como tomar declaraciones o recolectar pruebas específicas, pero se suspenderán hasta el término del mandato.
Campos también cuestionó las críticas que califican el fallo como un “blindaje” y recordó que expresidentes como Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala contaron con la misma interpretación constitucional y actualmente enfrentan procesos judiciales.
Finalmente, reiteró que el fallo del TC frente a la demanda competencial del Ejecutivo, contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, no significa impunidad.