El Congreso eligió a Elvis Vergara, parlamentario de Acción Popular, como presidente de la Comisión de Fiscalización para el periodo 2025-2026. Su designación llega acompañada de polémica: el legislador es investigado por el Ministerio Público en el caso Los Niños y enfrenta una denuncia constitucional por presuntos actos de corrupción.
En su discurso de asunción, Vergara aseguró que el grupo de trabajo se enfocará en vigilar el uso de los recursos públicos y en promover la eficiencia del gasto estatal, con especial atención a las regiones más vulnerables, como Loreto. También prometió que todas las denuncias recibidas serán investigadas, aunque recalcó que se respetará la presunción de inocencia. “Denunciar puede ser sencillo; lo difícil es probar la responsabilidad”, subrayó.
Sin embargo, su situación judicial ha generado reacciones adversas en otras bancadas. Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, lo calificó como un “peligro público” y advirtió sobre el riesgo de conflictos de interés si la comisión debe pronunciarse sobre asuntos relacionados con el Ministerio Público, que actualmente lo investiga.
Entre los retos inmediatos de la Comisión de Fiscalización están las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la gestión de recursos a nivel nacional y el seguimiento de casos emblemáticos de corrupción. Vergara aseguró que su meta será pasar “del ruido de los diagnósticos a las soluciones”, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas.
Para analistas políticos, el verdadero desafío será mantener la imparcialidad y credibilidad del grupo de trabajo, especialmente si las investigaciones tocan a organismos que ya tienen al nuevo presidente bajo la lupa.
