El sábado 14 de diciembre, el Congreso de la República aprobó restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia, luego de haber eliminado esta medida una semana antes, a pesar de las advertencias del Ministerio Público. La norma fue aprobada con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, pero aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo, lo que ha generado críticas de los legisladores.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, admitió el error inicial del Parlamento al eliminar la figura de detención preliminar y pidió al gobierno de Dina Boluarte que priorice la promulgación de la ley debido a la urgencia de la situación.
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, congresistas de diversas bancadas han enviado cartas a la presidenta solicitando la pronta promulgación de la ley, destacando su importancia para asegurar la efectividad de las investigaciones.
Por su parte, la bancada de Renovación Popular expresó en redes sociales que había enviado un oficio a la presidenta Dina Boluarte para solicitar la promulgación de la norma, ya que la demora está afectando la capacidad de fiscales y jueces para aplicar la figura legal en la lucha contra el crimen organizado.
La parlamentaria Ruth Luque, del Bloque Democrático, también comunicó que había enviado un oficio al Gobierno para solicitar la pronta publicación de la autógrafa. En su mensaje, destacó los perjuicios derivados de la demora, mencionando casos como la liberación de investigados por fraude en Aelucoop, la excarcelación de una presunta organización criminal en Huaura y la falta de detención de Freddy Hinojosa, vocero presidencial acusado de corrupción en el programa Qali Warma.
El congresista Héctor Acuña Peralta criticó la aparente inacción del Ejecutivo y cuestionó su compromiso con la lucha contra la criminalidad, pidiendo respuestas claras sobre los intereses que están defendiendo.
En una conferencia de prensa del 18 de diciembre, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, evitó dar una fecha específica para la promulgación de la ley. Explicó que el Ejecutivo aún está dentro del plazo legal y espera las opiniones de los sectores involucrados en el dictamen aprobado por el Congreso.
Aunque el Ejecutivo tiene 15 días para promulgar la ley, Eduardo Salhuana destacó la urgencia del asunto y pidió una promulgación inmediata dada la importancia y el error cometido.
