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Ejecutivo está analizando autógrafa sobre cambios a Ley sobre Crimen Organizado

Afirma ministro del Interior, Juan José Santivañez

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo que la autógrafa de la norma aprobada por el Congreso que realiza cambios a la Ley sobre Crimen Organizado ya está en el Ejecutivo para su observación o ratificación.

Señaló que la posición principal en torno a este dictamen, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, la dará el Ejecutivo y que desde su sector se sujetarán a lo que este disponga, por lo que en este momento no tomarán una posición con respecto a la propuesta.

“Vamos a esperar al análisis que haga la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de sus especialistas y nos vamos a someter a esa disposición”, declaró Santiváñez desde San Miguel, donde supervisó el operativo Amanecer Seguro.

Además, recordó que no siempre las propuestas del Parlamento han sido aceptadas por el Poder Ejecutivo y por ello han sido observadas, como en el caso de la autógrafa que planteaba modificar el marco jurídico pensionario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Recomendaría esperar a las observaciones (del Ejecutivo a la norma aprobada) y luego generar una discusión”, agregó el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Asimismo, Juan José Santiváñez fue consultado sobre la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002, también aprobada recientemente por el Congreso.

Expresó que ya la presidenta Dina Boluarte y el titular del Parlamento, Alejandro Soto, han enviado una misiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto a este tema, “en principio reprochando el llamarle conflicto armado interno a lo que el Perú sufrió en la década de los ochenta y, en segundo lugar, a la intromisión que pretenden estas entidades extranjeras a la legislación nacional”.

Como se recuerda, dicha entidad supranacional requirió dejar sin efecto o no darle vigencia a la señalada norma, en el marco de las medidas provisionales dictadas para los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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