Eduardo Salhuana, último presidente de la Mesa Directiva del Congreso y congresista de Alianza para el Progreso, ha sido denunciado por su esposa, Tatiana Espinoza Troncoso, quien lo acusa de no cumplir con sus obligaciones de padre de familia y de negarse al divorcio durante más de tres décadas.
Espinoza Troncoso, aún esposa de Salhuana en el registro civil, viajó a Lima para exponer su situación y desligarse de cualquier vínculo con su esposo en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos en las que, según se señala, las madres de los hijos de Salhuana serían consideradas posibles testaferros.
La denunciante afirmó que, aunque llevan separados de hecho desde 1990, el congresista nunca cumplió con la pensión alimentaria para su hijo mayor, Carlos Javier Salhuana Espinoza, a pesar de que lo menciona en su declaración jurada de intereses en el Parlamento. Según Espinoza, Salhuana logró frenar varios intentos de demanda por alimentos utilizando su influencia como abogado en Madre de Dios.
Espinoza relató que la separación se produjo seis meses después del matrimonio, debido a supuestas infidelidades del legislador, y aseguró que ha tenido que solventar sola la crianza de su hijo. Señaló que las demandas por alimentos nunca prosperaron, y que el congresista presentó documentación sobre depósitos que nunca recibió.
Sobre su motivación para buscar el divorcio, Espinoza indicó que no hay interés económico sino una búsqueda de dignidad personal, asegurando que nunca pudo avanzar judicialmente por el poder e influencia del legislador en la región.
Salhuana también enfrenta tres denuncias por delitos de corrupción y está bajo investigación por presunto lavado de activos. Su actual pareja, Ivone Ruiz Acosta, preside el Comité de Damas del Congreso y figura, junto a otras tres mujeres, en el organigrama de la investigación.
