Durante su presentación ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, el premier Eduardo Arana propuso la creación de una comisión que evalúe la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Según Arana, este grupo estaría conformado por «el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes».
«Conscientes de que la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un aspecto de sumo interés para el Congreso de la República y la ciudadanía en general, y no obstante que conforme al artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana, como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema», manifestó el primer ministro en el Hemiciclo del Legislativo.
El artículo 57 de la Carta Magna señala que «la denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso». «En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este», agrega.
