El reciente incremento patrimonial de S/631,752.93 de la presidenta Dina Boluarte entre 2021 y 2024 ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión. Según la última declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República, solo en el último año su patrimonio creció en S/198,820 en la categoría de ‘otros’, lo que ha puesto nuevamente a la mandataria en el centro del debate político y legal.
El impacto político de un escándalo recurrente
El crecimiento patrimonial de Boluarte ocurre en un contexto de crisis de credibilidad para su gobierno. Desde la revelación del caso ‘Rolexgate’, en el que se la investiga por presunto cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito, su imagen ha quedado seriamente comprometida. La falta de explicaciones detalladas sobre la procedencia de estos bienes alimenta la percepción de un manejo opaco en los asuntos económicos de la presidenta, lo que podría debilitar aún más su gobernabilidad.
A pesar de que el premier Gustavo Adrianzén ha asegurado que la Contraloría no ha encontrado indicios de desbalance patrimonial, la sombra de la duda persiste. En una administración marcada por escándalos y cuestionamientos éticos, la falta de transparencia solo refuerza la desconfianza ciudadana y política.
Implicancias legales y desafíos para la justicia
La denuncia constitucional contra Boluarte por el caso ‘Rolexgate’ ya fue admitida a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Sin embargo, la legislación actual impide que un presidente en ejercicio sea procesado por delitos de corrupción, lo que deja en el aire el futuro de este caso.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado ha señalado que un aumento patrimonial tan elevado en tan poco tiempo no es común y requiere una explicación exhaustiva. Si la presidenta no logra demostrar el origen legítimo de estos ingresos, podrían configurarse los delitos de enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, lo que abriría la puerta a futuras investigaciones una vez que deje el cargo.
Una ciudadanía escéptica ante la corrupción
El impacto en la percepción pública no es menor. En un país donde la corrupción ha sido un mal endémico en la política, la ciudadanía observa con escepticismo estos movimientos financieros. La justificación de Boluarte, quien afirmó que los relojes de lujo le fueron prestados por el gobernador Wilfredo Oscorima y que los usó para ‘representar bien al país’, no ha logrado convencer a la opinión pública.
La falta de una rendición de cuentas clara refuerza la idea de que la corrupción sigue siendo un problema estructural en el Estado peruano. En un escenario donde la confianza en las instituciones es baja, la necesidad de transparencia y fiscalización rigurosa se vuelve cada vez más urgente.
Con estos nuevos cuestionamientos, el gobierno de Boluarte enfrenta un reto crucial: demostrar que no hay irregularidades en su patrimonio y evitar que esta controversia profundice aún más la crisis de legitimidad que atraviesa su gestión.
