La chispa que encendió el actual enfrentamiento entre la presidenta Dina Boluarte y el cirujano plástico Mario Cabani no fue pública desde el inicio.
Una carta notarial enviada por la propia mandataria, el pasado 6 de mayo, se convirtió en el detonante de un cruce de versiones que ahora pone al Ejecutivo contra las cuerdas.
En ese documento Boluarte solicita a Cabani abstenerse de declarar sobre los procedimientos estéticos que le habría realizado, recordándole que cualquier testimonio debía limitarse exclusivamente al ámbito judicial; de no hacerlo, advertía, pondría el caso en manos del Colegio Médico, la Superintendencia de Salud y la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Es decir, posibles sanciones administrativas por parte de entidades que supervisan la ética profesional.
La carta fue enviada apenas dos días después de que el cirujano ofreciera declaraciones en televisión nacional, amparado en una resolución judicial que autorizaba levantar parcialmente el secreto médico de la presidenta.
Un giro inesperado
La respuesta no se hizo esperar, Cabani replicó con una carta notarial que leyó esta semana la Comisión de Fiscalización del Congreso en la que acusó a Boluarte de ejercer presión indebida y de promover un supuesto hostigamiento institucional contra su clínica y su equipo médico.
El médico no solo defendió su derecho a declarar ante las autoridades y los medios —invocando el fallo judicial—, sino que también entregó nuevos detalles sobre la cirugía que le practicó a la jefa de Estado en junio de 2023: una intervención de más de dos horas bajo anestesia general.
A esto se suman revelaciones sobre los pagos por dicha operación. Según el propio Cabani, el monto total de 5.500 dólares fue cancelado casi dos años después, en abril de 2025; un primer abono fue realizado por Patricia Muriano, quien acompañó a la presidenta durante el alta médica y el resto fue cubierto en efectivo por su abogado, Juan Carlos Portugal.
Gobierno en silencio, Congreso en alerta
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Ejecutivo ha optado por el silencio y no se ha emitido declaración oficial alguna desde el entorno de la presidencia, más allá de un escueto pronunciamiento del abogado Portugal, quien negó irregularidades y acusó al médico de intentar “politizar” el caso.
Incluso la tradicional conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros fue suspendida esta semana, a un día de que el premier Eduardo Arana acudiera al Congreso a solicitar el voto de confianza.
Mientras tanto algunos sectores del Parlamento evalúan posibles acciones políticas frente al caso, aunque por ahora el respaldo de bancadas aliadas parece blindar a Boluarte de una eventual moción de vacancia.
La polémica sobre las cirugías de la presidenta ha dejado de ser una simple cuestión de vanidad, están en juego temas sensibles como el uso del poder para silenciar voces, el respeto al secreto médico y la transparencia de los altos funcionarios del Estado. El conflicto con Mario Cabani parece estar lejos de su punto final.
