La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso iniciar diligencias tras denuncias que buscan declarar la ilegalidad de los partidos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos), por conducta supuestamente antidemocrática, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, de cara a las elecciones generales del 2026.
Esto, con el fin de evaluar si corresponde pedir a la Corte Suprema que declare ilegal a dichas organizaciones políticas, como ya pasó con la agrupación del radical Antauro Humala, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).
En el caso de Fuerza Popular, Espinoza dictaminó que el Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados recabe la información pertinente, en atención a la solicitud presentada por Beatriz Adelo Cano Bernales.
Esta ciudadana justificó su pedido en que el partido naranja recibió presuntamente aportes irregulares en la campaña electoral del 2011 (caso Cócteles) y que Keiko Fujimori calificó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 2021 como «ilegítimos».
Asimismo, menciona la sentencia sobre el caso de los ‘Mamanivideos’, que implica a Kenji Fujimori, donde se determinó que el excongresista «ofreció aprobar obras públicas a cambio de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, buscando un indulto para su padre», el expresidente Alberto Fujimori.
Cano amplió su denuncia vinculando al grupo “La Resistencia” con Fuerza Popular.
La finalidad de las diligencias es evaluar si corresponde ejercitar o no la facultad prevista en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, para lo que se delegó el caso al fiscal adjunto supremo provisional Dante Emel Pimentel Cruzado.
En cuanto a País para Todos, donde milita Álvarez, el Área de Enriquecimiento Ilícitos y Denuncias Constitucionales acogió la denuncia interpuesta por el antaurista Javier Sulca Cáceres, quien era militante del disuelto partido A. N. T. A. U. R. O.
A. N. T. A. U. R. O., como se recuerda, fue declarado ilegal este año por la Corte Suprema por violar el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas y se dispuso su disolución al advertirse que su líder, el radical Antauro Humala, tenía un plan de gobierno y discurso antidemocrático.
Sulca Cáceres, quien fue condenado a 16 años de cárcel por su participación en el ‘Andahuaylazo’, busca que se aplique similar criterio con País para Todos por supuestas expresiones del actor cómico a favor de la pena de muerte para violadores de menores de edad, de la expulsión de los migrantes ilegales extranjeros y de la salida del Perú de la Corte-IDH.
«Habría manifestado que a los violadores menores de edad se les debe aplicar la pena de muerte, que se debe expulsar a los ciudadanos extranjeros, que no está de acuerdo con la Corte Interamericana de San José, que no está de acuerdo con que se indemnice a los terroristas y se mantenga a los presos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende a los terroristas y delincuentes, para luego terminar diciendo que se debe imponer la pena de muerte y amenaza con tomar la justicia por mano propia si las autoridades no hacen nada al respecto», se lee en el documento fiscal.
Delia Espinoza fijó el 2 de abril próximo la diligencia para escuchar las manifestaciones de Carlos Álvarez que Sulca Cáceres presentó en un USB.
