El Congreso de la República suspendió los beneficios administrativos que le correspondían a Ollanta Humala en su calidad de expresidente, luego de que el exmandatario fuera sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado.
La decisión de la Mesa Directiva contra el hoy recluido en el penal de Barbadillo responde al vínculo de la condena con presuntos aportes ilícitos de Venezuela y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS destinados a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
El acuerdo implica la suspensión del apoyo logístico y de personal, que incluía préstamo de vehículo, suministro de combustible y la asignación de un trabajador bajo la modalidad C.A.S.
La resolución, basada en informes de áreas técnicas y jurídicas del Congreso y en el acuerdo 078-2016–2017/MESA–CR, argumenta que tales beneficios tienen carácter discrecional y no derivan de un mandato legal, por lo que pueden suspenderse ante una sentencia condenatoria.
Cabe mencionar que la pensión vitalicia, regulada por la Ley 26519 y no por un acuerdo del Congreso, continuará vigente para el fundador del Partido Nacionalista.
