La Comisión de Constitución “Alegría”, con el sigilo que actúa el poder de Fuerza Popular, sigue incrementado los despropósitos que el Congreso viene perpetrando, señaló el excongresista Pedro Morales Mansilla.
Dijo que sin reparos éticos ante el debilitamiento de la calidad de nuestra democracia, el desprestigio del sistema político y la deslegitimación de la institución legislativa, ha aprobado la Resolución Legislativa 11306, consiguiendo vía reconsideración de votación, introducir en el Reglamento del Congreso el Art. 25 A que, en la práctica, exime a los congresistas, del cumplimiento de la neutralidad política obligada a los funcionarios públicos en procesos electorales, lo que se suma a la no obligación de renunciar ni pedir licencia, como sí se obliga a otros funcionarios públicos.
Así mismo dijo que; con similar sigilo, consiguió que se aprobara un pre dictamen de reglamento de la futura Cámara de Diputados, confirmando el talante crematómano del actual Congreso. “Consignó en el Capítulo II, el Art. 24 que, los diputados tienen “derecho a percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular”.
“Como el delirio del reenganche en el próximo Parlamento, generado por el contrabando de reelección en la ley que restablece el Senado los tiene trastornados, se estaban asegurando buenas remuneraciones”, anotó.
Consideró que la “propuesta” generó el rechazo de la ciudadanía, por lo que tuvieron que retirarla, dizque, para ser “perfeccionada”. Sin embargo, indicó que la intención queda.
Recordó que viene sosteniendo que la reelección inmediata que puede ser buena y necesaria para aprovechar de las experiencias positivas de ética pública y calidad legislativa, en este periodo nos pasa una pesada factura, no solo porque ha generado una controversial producción legislativa populista que incluso retrocede avances en la educación y en la lucha anticorrupción, por citar dos ejemplos; sino también por la ausencia de integridad y principios que caracteriza a la mayoría, si no a todos, los miembros del actual Congreso, entre los que se encuentran quienes tentarán la reelección con una ley que dieron para favorecerse y con ventajas que hacen desigual el piso de la competencia electoral.
“No exageramos. La eximición de respetar la neutralidad política bajo la etiqueta de Morales dice que optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios” con una regulación que la ONPE no podrá fiscalizar, es un solapado blindaje para que los reeleccionistas realicen actividades políticas y proselitistas, no solo en las pagadas “semanas de representación” sino en cualquier momento y hasta con tan solo pedir licencia o acudir a la virtualidad tramposa. Es decir, el financiamiento de sus campañas por nuestros impuestos es inminente, además que tienen trasferencias por el financiamiento púbico a sus partidos. Confiar en su “autocontrol” y “ética personal”, es como pedir “peras al olmo”.
En este contexto, señaló que la ciudadanía espera el pronunciamiento del JNE sobre cómo hará para evitar la influencia de las evidentes ventajas de las candidaturas reeleccionistas con relación a las que no forman parte del actual Congreso. Su responsabilidad es garantizar que “la cancha esté pareja”. Así mismo; que la vergonzosa Mesa Directiva tome providencias para salvar el honor de la institución, como suspender desde la inscripción de candidaturas la “semana de representación”, establecer el retorno a la presencialidad total y racionalizar los contratos de personal. Así empezaría la “reconciliación con la población” anunciada por el presidente Jerí que, a un mes de su asunción: “cero balas, cero puntos”.
En tal sentido, sostuvo que corresponde a los partidos asumir el reto histórico del cambio. Para ello, deben tener la convicción de que la política es y debe ser, ante todo, servicio honesto, y la claridad del honor que significa el ejercicio de la representación popular. En consecuencia, es su responsabilidad la presentación de candidaturas idóneas, previo filtro que garantice conductas que honren la ética pública, los valores democráticos, la formación ideológica y la seriedad de propuestas que, además, emanen de la voluntad de sus bases, expresadas en elecciones transparentes con la participación de su militancia a través de la regla de un militante, un voto. Solo así obtendrán legitimidad democrática en la competencia.
Del mismo modo, demandó a los electores, en ejercicio de una ciudadanía responsable, les corresponde tomar posición en la encrucijada que nos plantean las elecciones generales del 2026. Para ello deben darse el tiempo de analizar la institucionalidad de los partidos, las propuestas de planes de cambio y desarrollo, así como la trayectoria de quienes proclaman hacerlas realidad trabajando con honestidad y vocación de servicio, sin interés en el lucro. Es decir, les compete prepararse para emitir un voto informado, leal con el Perú, libre de consignas demagógicas y de la politiquería alimentada por campañas millonarias. Deben tener claro el poder del voto como herramienta de cambio de la situación y de sanción a quienes defrauden el honor de la confianza popular. obviamente en democracia.
En consecuencia, señaló, siendo la actual crisis política de responsabilidad compartida -entre quienes otorgamos la confianza y, con mayor peso, quienes fueron sus depositarios- , ha llegado el momento de que los electores demuestren que también sabemos sancionar y que ya no estamos dispuestos a soportar más engaños. Es sencillo: desechemos de nuestras preferencias aquellas listas donde figuren nombres de personas que despreciamos por su comportamiento mediocre y corrupto, sea en el gobierno, en el parlamento o en los gobiernos sub nacionales. Ello significará la renovación y el castigo a quienes nos están dejando corrupción, crimen organizado y actividades ilegales en ascenso, por citar solo tres aspectos dentro de un sinnúmero de preocupaciones urgentes.
