El Congreso de la República del Perú presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el propósito de extender la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) a las víctimas de sicariato.
Esta iniciativa legislativa busca ofrecer respaldo financiero a conductores y pasajeros del transporte terrestre que sufren ataques y amenazas como consecuencia de extorsiones o exigencias del pago de cupos por criminales en el país.
Congreso plantea ampliar SOAT para cubrir lesiones o muerte por sicariato
La congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Hermosilla, presentó una proyecto de ley que plantea modificar el artículo 30 de la Ley N.º 27181, a fin de que el SOAT y el CAT también cubran casos de lesiones o muertes provocadas por sicarios. Esta iniciativa también llleva la firma de lo congresistas coautores: Germán Tacuri, Oscar Zea, Lucinda Velásquez, Katy Ugarte, Segundo Quiroz, Alex Paredes y Paul Gutiérrez.
La norma legal subraya que ambos seguros deberán brindar cobertura a “todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes” involucradas tanto en accidentes de tránsito como en atentados cometidos por sicarios.
¿Por qué este proyecto de ley podría ser aprobado en el Congreso?
Esta iniciativa, que pretende salvaguardar la seguridad de diversos conductores y choferes que se han visto afectados por extorsiones a causa del sicariato, podrían sentirse protegidos con el proyecto de ley presentado por la parlamentaria Hermosilla. Sin embargo, esta medida debe ser aprobado en el Pleno del Parlamento Nacional.
Dentro de la exposición de los motivos de esta iniciativa, la congresista explicó que en 2024 se han reportado 1,125 actos violentos relacionados con la extorsión y el sicariato, mientras que en 2025 se registró el asesinato de 15 choferes de transporte público urbano.
Proyecto de ley no demandaría recursos del erario público
Según la congresista del Bloque Magisterial, este proyecto de ley no demandará recursos del erario público, ya que tanto el SOAT como el CAT son seguros contratados de forma privada. En ese sentido, arguyó que el Estado ha desatendido a estas víctimas al no incluir este tipo de riesgos dentro de sus políticas de seguridad.
Esta propuesta destaca que el sector del transporte se encuentra especialmente expuesto a las redes de crimen organizado, con numerosos casos de conductores y pasajeros que han sido víctimas de ataques vinculados al cobro de extorsiones.
