El Pleno del Congreso aprobó este jueves la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes.
La iniciativa fue respaldada con 92 votos a favor, 24 en contra y 1 abstenciones. Al tratarse de un cambio en la Carta Magna, el debate y segunda votación del dictamen se deberá realizar en la siguiente legislatura ordinaria.
El texto, aprobado previamente por la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), permitirá que los congresistas elegidos desde el periodo 2026 no puedan ser procesados penalmente durante su mandato sin autorización del propio Parlamento, salvo en casos de flagrancia.
Durante el debate en el Hemiciclo, Rospigliosi remarcó que muchos países en el mundo tienen inmunidad para sus congresistas.
Según el dictamen aprobado en primera votación, si un legislador incurre en un delito en flagrancia, el Parlamento contará con un plazo de 24 horas para pronunciarse sobre el pedido de levantamiento de inmunidad. Si no lo hace en 30 días, se aplicará el «silencio positivo», permitiendo que el Poder Judicial actúe sin el aval legislativo.
La norma excluye los delitos cometidos antes del inicio del mandato parlamentario, pero protege a los congresistas durante su función y hasta 30 días después de dejar el cargo.
La reforma constitucional todavía deberá ser ratificada en una segunda legislatura ordinaria con al menos 87 votos a favor para quedar aprobada de forma definitiva.
