Congresistas de las bancadas de izquierda, entre ellas Perú Libre, la Bancada Socialista y el Bloque Magisterial, han presentado un proyecto de ley que busca permitir que docentes condenados por delitos graves como violación sexual y terrorismo continúen trabajando en el sector educativo. La propuesta, que pretende derogar la Ley N° 32242, ha encendido el debate en torno a la protección de los derechos laborales frente a la seguridad de los estudiantes.
La iniciativa legislativa aboga por la restitución del artículo 49 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, el cual establece la destitución automática de cualquier docente o personal administrativo condenado por delitos graves, como abuso sexual y terrorismo. Según los congresistas Flavio Cruz (Perú Libre), Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), esta ley vulnera el derecho al trabajo y el debido proceso, especialmente al eliminar las garantías procesales para los involucrados en estos delitos.
Sin embargo, surge una pregunta fundamental que debería ocupar el centro del debate: ¿debe prevalecer el derecho al trabajo de una persona condenada por un delito grave sobre la necesidad de proteger la seguridad de los estudiantes? En un contexto donde los casos de abuso sexual y terrorismo han marcado la historia reciente del país, la propuesta resulta preocupante. Si bien es necesario asegurar los derechos laborales, la prioridad debe ser garantizar que las aulas no sean espacios en los que se toleren comportamientos criminales.
Recordemos que la Ley N° 32242 fue precisamente diseñada para abordar la creciente preocupación por la seguridad en las escuelas. Esta ley permitía la destitución automática de los docentes condenados por delitos graves, asegurando que aquellos que hayan cometido crímenes como terrorismo o abuso sexual sean apartados de sus funciones sin demora. La derogación de esta norma pone en peligro la integridad de los estudiantes, abriendo la puerta a que personas condenadas por crímenes tan graves sigan trabajando con menores.
Además, casos como el de Condorcanqui, en la región de Amazonas, donde más de 500 denuncias de abuso sexual por parte de docentes fueron reportadas, destacan la urgencia de aplicar medidas severas en estos casos. En respuesta a estos incidentes, el Ministerio de Educación sancionó a cientos de docentes involucrados en delitos graves, demostrando que hay un problema real en las aulas que necesita ser abordado con firmeza.
A pesar de estos antecedentes, los congresistas de izquierda insisten en que la ley vulnera el derecho al trabajo y la presunción de inocencia. Pero este argumento parece ignorar lo más importante: la protección de los estudiantes debe ser lo primero. Permitir que docentes condenados por violación o terrorismo continúen trabajando en el sistema educativo representa un grave riesgo para la seguridad de los menores y socava la confianza que padres y estudiantes deben tener en las instituciones educativas.
La propuesta de estos congresistas, en lugar de garantizar el bienestar de los estudiantes, abre la puerta a situaciones potencialmente peligrosas. La educación debe ser un espacio seguro para los niños y jóvenes, y no puede ser el lugar donde se tolere la presencia de personas condenadas por delitos tan graves. La ley debe velar por la seguridad de las futuras generaciones, y no puede ceder ante argumentos que prioricen los derechos de aquellos que han cometido crímenes tan atroces.
