La negativa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a entregar los documentos relacionados con el aumento de remuneraciones de la presidenta Dina Boluarte no tiene sustento legal.
Según una opinión consultiva de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP), emitida tras el requerimiento de El Comercio, la información sobre escalas y aumentos salariales de funcionarios públicos es de carácter público y no puede ser clasificada como confidencial.
A mediados de mayo, la PCM y el MEF declararon “confidencial” el expediente que respalda la decisión de incrementar el sueldo presidencial de S/16.000 a S/35.568, amparándose en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la ANTAIP precisó que este artículo solo puede aplicarse con un criterio restrictivo y en situaciones en las que la publicidad pueda ocasionar daño, lo que no se configura en el caso de los salarios de autoridades.
En su informe, la ANTAIP señaló que la información relativa a las remuneraciones es un tema administrativo, no una decisión política reservada. Por este motivo, negar el acceso a esos documentos constituye una conducta ilegal y promueve una cultura de opacidad.
Los abogados Andrés Calderón y Roberto Pereira, expertos en derecho a la información, respaldaron la posición de la ANTAIP. Calderón puntualizó que la regla general debe ser la transparencia y que ninguna “mera declaración” puede modificar el carácter público de esta información; mientras que Pereira remarcó que la negativa a entregar los expedientes sobre el salario presidencial no se encuentra dentro de las causales legales para declarar documentación reservada.
