El Gobierno del vacado expresidente Martín Vizcarra ocasionó un perjuicio económico de 22 millones de soles al Estado por la compra irregular de pruebas rápidas para la presunta detección de la covid-19.
Así lo indica la denuncia constitucional que presentó ante el Parlamento la fiscal de la nación, Delia Espinoza, contra Vizcarra y sus exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía) por colusión agravada.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.C. consiguieron que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) les dé una autorización excepcional de importación de los test serológicos de manera exprés.
La acusación indica que el perjuicio por la adquisición de pruebas rápidas no solo fue patrimonial, sino también afectó «la integridad de los ciudadanos».
El documento señala que Martín Vizcarra y los exministros Zamora y Alva se apartaron de la política de salud establecida por el Estado y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que defendía el uso de pruebas moleculares para diagnosticar la covid-19, a fin de concretar su concertación ilícita a favor de las mencionadas dos compañías.
Las pesquisas señalan que, en una reunión del 18 de marzo del 2020, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se «concertó» la compra. En la cita, participaron Vizcarra, Alva y la entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, quien, sin embargo, no fue incluida en la denuncia porque no se alineó a la decisión de comprar las pruebas rápidas y fue reemplazada por Víctor Zamora.
El MP consigna como uno de los elementos claves el Decreto de Urgencia 028-2020, el cual fue emitido «sin respetar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado vigente», que precisaba que el encargado de la licitación es la entidad titular; es decir, el Minsa. No obstante, el dispositivo legal «desnaturaliza» ello y dispone que el que conducirá la compra de las pruebas será el MEF, a través de Perú Compras.
Entre otras irregularidades, se menciona que Vizcarra anunció, el 19 de marzo del 2020, que ordenó la compra de 1,4 millones de pruebas serológicas y solamente 200.000 moleculares.
