El Penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, se ha consolidado como el centro penitenciario de mayor notoriedad en la política peruana moderna, albergando a expresidentes involucrados en procesos ligados a corrupción y otros delitos. Tras la reciente orden de prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra por cinco meses, este establecimiento suma un nuevo nombre a la lista de exmandatarios detenidos, situación inédita en la región.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) gestiona Barbadillo, un recinto especializado y distinto al resto de cárceles del país. Conocido como la “cárcel de los expresidentes”, se encuentra dentro de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional y fue concebido en 2007 con un propósito singular: recibir a Alberto Fujimori tras su extradición. El primer diseño contempló una sola celda con instalaciones suficientes para cumplir condena bajo vigilancia constante.
Con el tiempo, la prisión se ha adecuado para recibir a otros exjefes de Estado sometidos a investigaciones judiciales. El establecimiento ocupa cerca de 800 metros cuadrados e incluye celdas individuales de alrededor de 15 metros cuadrados, todas equipadas con cama, mesa, baño privado y un pequeño espacio para comedor o visitas. Cuenta, además, con servicio médico regular, atención de enfermería las 24 horas y una ambulancia preparada para emergencias. Aunque existe un comedor institucional, es habitual que los familiares lleven alimentos preparados desde el exterior.
Bajo régimen cerrado ordinario, el uso del patio y del biohuerto es regulado y la comunicación telefónica de los reclusos está sujeta a restricciones, particularmente tras incidentes como la entrevista que Alberto Fujimori concedió desde el interior en 2013. A raíz del número creciente de exmandatarios recluidos, se han realizado modificaciones para ampliar la capacidad del penal.
¿Qué otros expresidentes están recluidos en Barbadillo?
El penal de Barbadillo ha tenido entre sus internos al propio Fujimori, recluido durante 16 años por delitos vinculados a violaciones de derechos humanos y corrupción. Posteriormente, en diciembre de 2022, Pedro Castillo ingresó tras su detención cuando intentó disolver el Congreso. En abril de 2023, Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos y condenado por recibir sobornos de Odebrecht. Más adelante, Ollanta Humala fue sentenciado a 15 años por lavado de activos relacionados con aportes ilegales recibidos durante sus campañas.
