Noriel Chingay Salazar, ex prefecto regional de Cajamarca, y colaborador eficaz en el caso “Los Waykis en la sombra”, que involucra a Nicanor Boluarte Zegarra, remitió una serie de cartas a la presidenta Dina Boluarte y ministros del Interior acusando al titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, de copar cargos públicos con personal de su confianza.
Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, envió al menos cinco misivas solicitando la remoción de autoridades en Cajamarca, como la subprefecta distrital, Eliana Salazar Arribasplata, y el director de Autoridades Políticas, Víctor Jara Albújar, acusándolos de influir en procesos judiciales vinculados al caso.
En una carta fechada el 14 de septiembre de 2024, Chingay pidió que se gestione el cese de estos funcionarios, argumentando la colaboración de Salazar con la justicia. Días más tarde reiteró su solicitud ante el entonces ministro del Interior, Juan José Santivañez. El 28 de noviembre volvió a insistir en la remoción de Salazar, a quien acusa de proporcionar información en su contra a un colaborador eficaz. Posteriormente se produjeron cambios: el 9 de octubre, Víctor Jara dejó su cargo y, para 2025, Eliana Salazar ya no figuraba como subprefecta.
En marzo de 2025, Chingay dirigió una nueva carta a la presidenta, donde reafirmó su lealtad y denunció que subprefecturas y prefecturas en Cajamarca estarían copadas por militantes de Alianza para el Progreso (APP) vinculados al ministro César Vásquez, desplazando a funcionarios identificados con el oficialismo. También menciona a Carolina Velasco Nalvarte, nueva directora de Autoridades Políticas, y Silver Pérez Alarcón, prefecto regional de Cajamarca, ambos con historial en APP.
El 7 de abril, Chingay envió una nueva carta al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, insistiendo en la destitución de funcionarios alineados con APP y el reemplazo de personal en la Dirección de Gobierno Interior.
En respuesta, el Gobierno de Dina Boluarte publicó un comunicado indicando que las designaciones de estos funcionarios corresponde exclusivamente a la Oficina Nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.
