El Ministerio Público ha decidido archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, luego de una serie de indagaciones preliminares. Ambas fueron investigadas por presuntos delitos contra la administración pública, pero la Fiscalía determinó que no existen suficientes méritos para continuar con el proceso judicial.
El archivo de la investigación se basa en la falta de pruebas sustanciales que respalden las acusaciones presentadas. Dina Boluarte fue señalada por presunta cohecho pasivo impropio, mientras que Benavides enfrentaba acusaciones por cohecho activo genérico, ambas tipificadas en el Código Penal. Sin embargo, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, destacó la ausencia de elementos cruciales en las declaraciones y la falta de verosimilitud en las pruebas presentadas, lo que condujo a la decisión de archivar el caso.
El origen de la investigación fue una serie de declaraciones de Jaime Villanueva, quien afirmó haber sido testigo de intercambios de favores políticos entre Boluarte y Benavides con el objetivo de frenar investigaciones sensibles. Uno de estos casos fue la permanencia del general Raúl Alfaro en su cargo como director de la Policía Nacional, lo cual habría sido un supuesto trueque con la condición de no presentar denuncias constitucionales contra la presidenta. Sin embargo, el general fue finalmente removido de su cargo, lo que cuestionó las declaraciones de Villanueva.
Villanueva también mencionó haber sido contactado para interceder en una investigación relacionada con Dina Boluarte por presuntas acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias, un caso que surgió en el contexto del gobierno regional de Junín, donde Boluarte jugó un papel importante antes de asumir la presidencia. Según Villanueva, le pidieron intervenir para evitar la prisión preventiva contra Boluarte, a cambio de promesas de influencias en la Fiscalía.
A pesar de las graves acusaciones y los testimonios, la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para proceder con la denuncia constitucional contra las investigadas, lo que resultó en el archivo del caso.
