El abogado penalista Andy Carrión cuestionó que la fiscal de la nación, Delia Espinoza, haya iniciado diligencias preliminares tras denuncias en contra de los partidos Fuerza Popular y País para Todos, que piden declarar la ilegalidad de ambos por supuestas conductas antidemocráticas.
Dicha disposición de Espinoza se da con el fin de evaluar si corresponde pedir a la Corte Suprema que declare ilegal a dichas organizaciones políticas, como ya sucedió con la agrupación del radical Antauro Humala, al amparo del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.
Carrión alertó, en conversación con el diario El Comercio, que existe el peligro de que la Fiscalía «se convierta en una daga contra la democracia».
El letrado destacó que los partidos son las únicas vías institucionales para que los ciudadanos ejerzan el derecho a elegir o ser elegidos, por lo que «es muy peligroso que la Fiscalía empiece a abrir un abanico de investigaciones para declararlos ilegales».
Cabe anotar que la sentencia que declara la ilegalidad de un partido provoca la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción.
