La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, este miércoles en el distrito de San Borja. La intervención, que se desarrolló como parte del operativo Ícaro, está vinculada a una investigación por presuntos delitos de corrupción y favorecimiento ilícito de intereses privados.
La diligencia inició durante la madrugada y se extendió en simultáneo a otras locaciones, entre ellas la vivienda del empresario Franco Parodi y una oficina en el centro empresarial de San Isidro, relacionada con el general en retiro Percy Tenorio, persona cercana al ministro de Justicia Juan José Santiváñez.
¿Cuál es el caso y qué delitos se atribuyen?
El caso se centra en la presunta comisión de cuatro delitos: favorecimiento ilícito en procesos administrativos del Ministerio del Interior, cobros indebidos a oficiales para su permanencia en cargos, posible beneficio irregular a la mina El Dorado y el supuesto ocultamiento de pruebas.
La investigación examina especialmente el manejo de concesiones mineras durante 2024. Los propietarios de El Dorado, junto a las concesiones Agripina 1 y 2, habrían perdido el control legal de los terrenos por falta de autorización regional, lo que facilitó el ingreso irregular de terceros. En ese contexto, se habría coordinado un operativo policial, impulsado cuando Juan José Santiváñez era ministro del Interior. Las autoridades ahora indagan si este despliegue favoreció indebidamente a ciertos intereses privados.
De acuerdo a fuentes de Canal N, el hermano de la presidenta no se encuentra en calidad de investigado, sino como vinculado en el caso. Al respecto, su abogado Luis Vivanco aseguró que Nicanor Boluarte mostró total predisposición a colaborar con el proceso: “Sí está ahí. Hasta el momento todo tranquilo. El señor todo un caballero. Sigue mostrando apoyo a la justicia, no hay ningún problema con el señor Boluarte”.
Asimismo, mencionó que su defendido niega cualquier vínculo con la empresa minera investigada, así como con Santiváñez y Percy Tenorio. “Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez, no tiene nada que ver con ese tema”, afirmó.
Mientras continúan las diligencias, la Fiscalía busca esclarecer el nivel de participación de cada uno de los investigados y determinar si existió coordinación con funcionarios públicos para favorecer la recuperación de los terrenos ligados a la mina El Dorado.
