Más de 50 abogados y ciudadanos firmaron un pronunciamiento en el que expresan su rechazo ante la posible solicitud de allanamiento a las oficinas de los abogados Humberto Abanto Verástegui y Juan Peña Flores, quienes ejercen la defensa de Patricia Benavides Vargas, repuesta fiscal de la Nación.
El documento sostiene que la medida constituiría un acto de represalia contra el ejercicio legítimo del derecho de defensa y una forma de intimidación dirigida a que los abogados renuncien a su labor profesional.
Los firmantes recuerdan que, según la Sentencia 199/2024 del Tribunal Constitucional, los allanamientos a estudios de abogados deben contar con autorización judicial y una fundamentación cualificada. El Tribunal Constitucional, en el caso Arsenio Oré Guardia, estableció que para no vulnerar el derecho-deber o garantía-derecho del secreto profesional, los allanamientos deben ser previamente autorizados por un juez, cuya decisión debe justificar la acción y delimitar el ámbito de intervención de los fiscales. De este modo, el profesional puede preservar en todo momento la información protegida por el secreto profesional.
Asimismo, enfatizan que toda la información vinculada a las investigaciones de Patricia Benavides Vargas es pública y ha sido difundida por los medios de comunicación. Los firmantes sostienen que no existe razón alguna para allanar las oficinas de los abogados, ya que la defensa que ejercen es pública y transparente. “Expresamos nuestro rechazo contra todo abuso de autoridad e intimidación contra la defensa de los investigados”, se lee.
