Una investigación forense permitió recuperar un documento que revela que el expresidente Pedro Castillo solicitó asilo político a México tras dar un golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre de 2022.
Dicha documentación fue presentada durante la última audiencia del juicio oral contra Castillo por haber quebrado el orden constitucional.
A través del perito informático del MP Arturo Lazarte, la Fiscalía demostró que el exmandatario estuvo listo por si algo ocurría luego de asestar un golpe a la democracia.
El documento fue hallado en la computadora de quien en ese momento todavía era asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres.
En el escrito, con fecha 7 de diciembre, día del anuncio del golpe de Estado, se pedía asilo político para Pedro Castillo y estuvo dirigido al entonces gobernante de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
La misiva denunció una supuesta persecución política en contra del profesor rural por «meros anunciados de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal».
«Solicito se sirva considerar otorgar asilo al ciudadano Pedro José Castillo Terrones, ello frente a la persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político en sus actuaciones a tal extremo que pretenden procesarlo por meros anunciados de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal», se lee en el documento.
Además, se alerta que presuntamente los órganos de justicia crearon «un clima de indefensión extrema y de persecución puramente política de todo aquel que piensa diferente al grupo oligárquico».
El perito Lazarte también detalló que en la computadora de Palacio de Gobierno se encontró una carta de renuncia firmada por Torres en el que exponía su cese como asesor de la PCM, que estuvo dirigida a la entonces premier Betssy Chávez.
Estos documentos expuestos ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fueron eliminados, pero recuperados mediante la herramienta forense Magnet Axiom.
Como se sabe, Pedro Castillo enfrenta un pedido fiscal de hasta 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública.
