¿Vacancia de Dina?, por Aaron Salomón

Columna publicada en el diario Expreso.

En aproximadamente 48 horas, la Fiscalía de la Nación, a cargo de Delia Espinoza, interpuso 5 denuncias constitucionales ante el Congreso en contra de la mandataria Dina Boluarte por varios presuntos delitos: abandono del cargo (caso ‘cirugías’), encubrimiento personal (fuga de Vladimir Cerrón), colusión agravada (caso ‘Qali Warma’), enriquecimiento ilícito (relojes y joyas) y lesiones leves y graves (protestas tras el golpe de Pedro Castillo).

Estas acusaciones, sin embargo, acabarán siendo archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, como ya pasó antes con la imputación por el caso ‘Rólex’, en donde se le sindicó a la gobernante de haber incurrido en el ilícito de cohecho pasivo impropio.

Y esto porque ninguno de los supuestos delitos antes mencionados está contemplado en el artículo 117 de la Constitución, que específica meridianamente en qué casos un presidente en funciones puede ser acusado.

“El presidente de la república solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, reza el mencionado artículo.

Entonces, ¿por qué el Ministerio Público hace caso omiso a la Carta Magna y plantea un rosario de denuncias contra Boluarte, a pesar de que su destino será el tacho de basura? Simplemente porque Espinoza (¿quién mueve los hilos de la fiscal de la nación?) quiere darle sustento “legal” a la eventual vacancia de la jefa de Estado, que es reclamada con una irresponsabilidad colosal por los caviares y tontos útiles.

Analicemos la situación, si Dina Boluarte es vacada por el Parlamento mañana mismo, tendría que asumir la Presidencia el apepista Eduardo Salhuana; es decir, César Acuña sería el dueño del Perú. El mandato de Salhuana a la cabeza del Legislativo culmina todavía en julio de este año, así que debería ser censurado para que no suceda a Boluarte, si esta es destituida. De darse ello, el país entraría en una crisis que indefectiblemente alejaría a las inversiones que tanto se requieren.

Los zurdos desadaptados de siempre exigirían, con marchas violentas y muertes de por medio, que ningún integrante de alguna bancada que haya sostenido a Dina Boluarte pueda reemplazarla, de tal forma que el próximo presidente del Perú podría ser tranquilamente Susel Paredes, Flor Pablo, Ruth Luque, Sigrid Bazán, Roberto Sánchez, José Luna o hasta Guillermo Bermejo. ¿Acaso no recuerdan que, tras el golpe caviar contra Manuel Merino, casi fue presidenta la rojaza Rocío Silva-Santisteban?

El remedio puede ser peor que la enfermedad, y el mal sería incurable, porque la instalación de una Asamblea Constituyente para cambiar la exitosa Constitución de 1993 (el problema son las personas y no el modelo) significaría una sentencia de muerte para un país con 9.4 millones de pobres, de acuerdo al último reporte del INEI, que jamás dejarán esa condición sin un crecimiento económico por encima del 5% del PBI. Ya resta menos de un año para las elecciones de abril del 2026, ¡a votar mejor esta vez!