La masacre de trece trabajadores de la empresa R&R, contratista de Minera La Poderosa en Pataz nos deja además del luto, una incógnita: ¿cuánto más debemos esperar antes de reconocer que el REINFO se ha convertido en parte del problema en lugar de ser una solución?
El Registro Integral de Formalización Minera nació con la promesa de ser un mecanismo transitorio para ordenar la minería informal; un proceso supuestamente temporal que tendría un plazo excepcional de 24 meses pero trece años después ese plazo se ha renovado tantas veces que ya no tiene nada de temporal ni de excepcional.
Lo que se creó como una via para legalizar a los mineros informales hoy no es más que un permiso de facto para que la minería ilegal opere con total tranquilidad ante la vista y paciencia de la autoridades.
La última ampliación que tuvo el REINFO fue en diciembre de 2024, dada por el congreso a pesar de las advertencias expertos en el tema y el resultado es que de todas las empresas y personas registradas más de 5,800 no han presentado los reportes semestrales obligatorios de producción entre los años 2021 y 2023 y aun así, siguen inscritas. ¿Hay alguien que vigile? No. ¿Alguien que sancione? Tampoco ¿Y que haga cumplir la ley? Mucho menos
Lo grave del asunto es que mientras estén en el REINFO, estos actores no pueden ser procesados penalmente por minería ilegal; es decir que el sistema no solo no controla, sino que otorga impunidad, pareciera que el Estado le ha dado un certificado de «zona liberada» a estas operaciones.
Los resultados hablan por si solos, las organizaciones criminales han encontrado en la minería ilegal una de las actividades más lucrativas para ellos y no es casualidad que los asesinatos en Pataz se produzcan en un momento donde estos grupos criminales se enfrentan disputando territorios y bocaminas.
Tampoco es casual que Minera Poderosa —que opera legalmente— denuncie que la Policía no entra donde debe, ni interviene las bocaminas ilegales cuya ubicación ya está plenamente georreferenciada.
Pataz no es la excepción, es sólo el espejo del avance de la economía ilegal más poderosa del país, y seguirá así mientras el REINFO siga protegiendo estas operaciones, como lo ha calificado con dureza Minera Poderosa, no hay política de seguridad que valga.
La formalización no puede ser sinónimo de tolerancia, ni la inacción estatal puede seguir disfrazándose de prudencia.
El Congreso y el ejecutivo comparten toda la responsabilidad; el primero al extender este sistema ineficaz con la Ley 32213, y el segundo al mantener abierta la puerta para una nueva prórroga mediante decreto supremo. No se necesita por enésima vez una ampliación del REINFO, lo que se necesita es que se elimine y reemplace por un mecanismo realmente riguroso además transparente y eficaz.
Mientras el Estado siga mirando hacia otro lado sin tomar esa decisión seguirá siendo el culpable de que la minería ilegal siga matando, corrompiendo y destruyendo territorios.
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