El establishment político peruano ha fracasado. Compuesto, básicamente desde el año 2011, por fujimoristas y caviares, ha llevado al país a una situación de ingobernabilidad y retroceso económico. Todos los esfuerzos que se hicieron para que los índices de pobreza y de anemia infantil bajaran a niveles nunca antes vistos fueron dejados de lado, utilizando al Estado como una máquina demoledora para cancelar al otro, sea fujimorista o caviar.
No importa que hayas combatido a la dictadura fujimorista, coincidir en algún punto con ellos te convierte en fujimorista. De igual forma, no importa cuánto hayas combatido a la mafia caviar, coincidir en algo con ellos te convierte en caviar.
Y mientras fujimoristas y caviares descuartizan las instituciones del Estado, la ciudadanía permanece indefensa ante una inseguridad que golpea transversalmente a la sociedad. Extorsionadores, mineros ilegales, sicarios y delincuentes comunes aterrorizan a la población todos los días, mientras el Ministerio Público se ha convertido en un botín en disputa entre fujimoristas y caviares. La justicia nunca será justicia mientras no sea verdaderamente independiente. Y que un grupo político intente secuestrarla no es excusa para que otro grupo haga lo mismo.
El Perú no se divide entre fujimoristas y caviares, ni entre buenos y malos. Debajo de ese manto polarizador, hay una ciudadanía que busca salir adelante, mientras la actual clase política le da la espalda. Los últimos catorce años solo han significado retroceso para la sociedad: se abandonó la infraestructura construida, hoy colapsan puentes y carreteras, las obras no se terminan y el hartazgo social avanza.
Si no encontramos una válvula de desfogue para contener esta ira social, las elecciones del 2026 —sin mayor legitimidad— serán una bomba de tiempo. Ya varias personas han advertido sobre esta disyuntiva, pero el establishment político confunde su propia estabilidad con la estabilidad de la gente, una estabilidad que hoy no existe para la ciudadanía común y corriente.
