Cada vez que los ciudadanos peruanos ven las noticias sobre alcaldes mediocres, gobernadores involucrados en escándalos de corrupción o congresistas que ni siquiera comprenden sus responsabilidades básicas, sienten una profunda indignación. Muchos incluso salen a las calles a protestar, clamando por un cambio. Sin embargo, tras las protestas violentas o agitaciones conmovedores en los medios de comunicación, el efecto suele ser mínimo: el sistema rígido e ineficaz continúa operando a su camino acostumbrado y los problemas permanecen sin solución.
Recientemente, el Congreso de la Republica ha vuelto a proponer la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Pero como he dicho en muchas entrevistas: “Cambiar de presidente no resuelve el problema de fondo. Lo que necesita Perú no son relevos constantes en el poder, sino una reforma profunda de su sistema político”. Solo construyendo mecanismos institucionales que garanticen la eficiencia del sector público, el país podrá salir realmente de su estancamiento.
Al analizar más a fondo el sistema de gobernanza en el Perú, emerge una pregunta clave: ¿por qué tantos funcionarios no cumplen adecuadamente su función? ¿Tienen alguna motivación real para trabajar con responsabilidad? La respuesta, aunque frustrante, es inevitable: bajo el sistema actual, los servidores públicos no tienen objetivos claros ni razones sólidas para desempeñarse bien.
En países con sistemas de gobernanza más desarrollados, el ascenso de los funcionarios públicos suele estar vinculado a su desempeño. Tomemos como ejemplo a China: un funcionario de base que logra avances en desarrollo económico o estabilidad social puede aspirar a convertirse en alcalde o incluso en autoridad regional. Este tipo de sistema de ascensos basado en méritos motiva a los funcionarios a trabajar con compromiso. El poder no se obtiene por suerte o relaciones, sino por capacidad y resultados.
En contraste, el sistema público en Perú está completamente fragmentado: carece de mecanismos de incentivo y está desligado de toda lógica meritocrática. Un director regional de salud puede ser destituido de la noche a la mañana por conflictos políticos; un congresista que sabe que no podrá reelegirse simplemente actúa con desidia; un ministro puede ser reemplazado tras pocos meses, justo cuando una política empieza a implementarse. En este contexto, nadie quiere comprometerse a largo plazo, y mucho menos asumir responsabilidades por el futuro del país.
Además, Perú está atrapado en una “falsa moralidad institucional”: se prohíbe la reelección o se restringen los mandatos bajo el pretexto de combatir la corrupción. Pero en la práctica, esta medida destruye todo sentido de responsabilidad. Si un congresista sabe que su mandato no se renovará, ¿por qué debería rendir cuentas a los votantes? Como no necesita ser reelegido, basta con que evite escándalos graves durante su mandato y, si es posible, aproveche el tiempo para enriquecerse. Lo más grave es que, ante la inestabilidad laboral, muchos funcionarios adoptan la mentalidad de “usar el poder antes de que caduque”, lo que agrava aún más la corrupción.
Aunque Perú cuenta con una Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), su rol es sumamente limitado. Muchos puestos públicos se asignan mediante contratos temporales o por vínculos políticos. La rotación de personal es alta, las políticas cambian constantemente. Los profesionales competentes terminan desmotivados, mientras que los mediocres se sienten cómodos en este sistema ineficiente y caótico.
Perú no carece de profesionales capaces y comprometidos, pero el sistema actual no les brinda oportunidades de desarrollo, ni estabilidad, ni el reconocimiento que merecen. Es como si les pidieran correr una maratón sin saber dónde está la meta: sin objetivos, no hay dirección; sin dirección, el país no avanza.
Lo más preocupante es que quienes deberían liderar la reforma —el Congreso, los partidos políticos y el Ejecutivo— están atados a intereses de corto plazo. Valoran más la lealtad de facciones que la competencia técnica. Prefieren ascender a “los suyos” antes que a profesionales cualificados. Una política pública apenas empieza a mostrar resultados y ya es eliminada por el siguiente gobierno.
Perú necesita urgentemente una reforma profunda de su sistema público. Las medidas concretas deben incluir: establecer un sistema de evaluación del desempeño que vincule los ascensos a resultados; fortalecer la independencia y autoridad de Servir; permitir la reelección condicionada de congresistas para aumentar su sentido de responsabilidad; crear una Escuela de Gestión Pública para formar profesionales políticos; e impulsar una reforma de los partidos políticos, transformándolos en plataformas de desarrollo para jóvenes interesados en la función pública.
El problema de Perú no es el fracaso de un presidente o de un gobierno en particular, sino el colapso sistémico de su institucionalidad. Si no se reforma desde la raíz, por más que se cambien líderes, el país no podrá avanzar.
* Publicado originalmente en Punto de Encuentro, reproducido con autorización del autor
