Columna publicada en el diario Expreso.
Durante la pasada campaña electoral, Dina Boluarte se paseó por diferentes medios de comunicación de provincia, discurseando la cansina perorata izquierdista del andino oprimido por más de 200 años. “No más pobres en un país rico”, esgrimía ella y el golpista Pedro Castillo para hacerse de los votos de ciudadanos motivados por el resentimiento.
Incluso, en algunas actividades proselitistas, Boluarte aparecía disfrazada con polleras, pues, si bien ella nació en Chalhuanca (región Apurímac), hace años que tenía una vida hecha en la capital, viviendo en el distrito mesocrático de Surquillo y trabajando en un puesto directivo en una oficina del Reniec.
Una vez, sin embargo, que Dina Boluarte llegó a Palacio de Gobierno, luego de que Castillo quebrara el orden constitucional, se destejió la mentira de la pobrecita mujer andina. Sentada en el sillón de Pizarro, la vanidad monumental de Boluarte salió a la luz y surgieron los escándalos por los millonarios Rolex y joyas, además de la cirugía estética.
Para colmo de males, en los últimos días, el Consejo de Ministros aprobó el incremento salarial de Boluarte de unos 16 mil soles a más de 35 mil soles (¡122 % más!), convirtiéndose así en la segunda presidente con mejor sueldo en la región, solo superada por el mandatario de Uruguay.
Y eso no es todo, porque el dominical Punto Final evidenció que la jefa de Estado recibe un jugoso bono de alimentos de 5 mil soles al mes. Todo esto, por supuesto, con el dinero de todos los contribuyentes.
Es cierto que, en la estructura de los sueldos estatales, el presidente de una nación tendría que ser el funcionario público mejor pagado, lo que no ocurre aquí por decisiones populistas de anteriores gobernantes, pero esa necesaria corrección le correspondería hacer al siguiente dignatario, no a una presidenta que está de salida y cuyo único objetivo es asegurarse la vejez con una abultada pensión.
Ante tamaño despropósito, el Congreso tendría que anular el decreto que oficializa el aumento de sueldo de Dina Boluarte, para lo que bastaría el aval de la mayoría simple (66 votos) en el Pleno. No obstante, aún no hay una posición definida de los grupos parlamentarios de centroderecha, quienes han abandonado su responsabilidad fiscalizadora, en aras de una gobernabilidad que no existe por las torpezas de un Ejecutivo que no da pie con bola.
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