Columna publicada en el diario Expreso.
Delia Espinoza se niega a acatar el fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, al determinar que se vulneró el debido proceso cuando fue destituida de manera exprés por la JNJ.
Espinoza alega que fue elegida como titular del Ministerio Público por la Junta de Fiscales Supremos, pero lo que ha hecho la JNJ no es nombrar a Benavides como jefa del MP, sino anular una abusiva decisión impuesta en contra de una fiscal de la Nación que fue designada de la misma forma que Delia Espinoza.
Ni bien se conoció la resolución de la Junta Nacional de Justicia, Espinoza entró en pánico y, en varios pronunciamientos, denunció un presunto “golpe a la democracia”. Sin embargo, días después, en una entrevista con un canal de televisión, Delia Espinoza negó que existiera algún tipo de crisis en la Fiscalía (¡vaya esquizofrenia!) y descartó, a su vez, que esté atrincherada en su puesto, a pesar de que no se mueve de su oficina, salvo para —según ella misma relató— ir a su vivienda solo a traer alimentos.
El sector oenegista que respalda a Espinoza ha sostenido, también, que no hubo unanimidad en la votación de la JNJ, pues Francisco Távara no participó en la sesión donde se decidió reponer a Patricia Benavides, porque el caso ya estaba “judicializado”. No obstante, la disposición se adoptó con el voto de los seis consejeros presentes; es decir, si el díscolo Távara asistía, se quebraba la unanimidad.
Como vemos, los argumentos caviares han quedado desbaratados, así que la permanencia de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, con el aval de los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Villena, configura el delito de desobediencia a la autoridad, de modo que estos cuatro magistrados son pasibles de ser destituidos por la JNJ o inhabilitados por el Parlamento.
Espinoza, para más inri, hizo todo lo posible para evitar el ingreso de Tomás Gálvez como fiscal supremo. Pese a los fallos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que ordenaron su reposición, Delia Espinoza pidió la suspensión de Gálvez, lo cual fue objetado por la justicia. Lo mismo pretende hacer ahora con Patricia Benavides, para quien ha solicitado su suspensión por 36 meses.
Nos hallamos, pues, ante una fiscal de la Nación usurpadora, cuyo único objetivo es dilatar el tiempo para que Benavides no asuma la titularidad del MP antes del 30 de junio, cuando vencería su mandato. De conseguirlo, Espinoza seguirá al mando de la Fiscalía hasta el 2027, dejando el inaceptable ejemplo de que solo se tiene que cumplir con la ley cuando a uno le conviene. ¿Quién, entonces, es la verdadera antidemocrática?
