Columna publicada en el diario EXPRESO.
La fiscal Norah Córdova ha puesto el dedo en la llaga al confirmar que el fiscal supremo Pablo Sánchez le entregó los audios del caso Los Cuellos Blancos del Puerto al periodista Gustavo Gorriti del IDL. Esta versión fue ratificada por Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, quien detalló, en entrevista con EXPRESO, que el material de marras fue enviado en paquetes al local de la ONG de izquierda en un vehículo del Ministerio Público.
Es innegable que estas grabaciones demostraron, en su momento, la existencia de una red criminal enquistada en la Corte Superior de Justicia del Callao, la cual se extendió hasta el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, pero también es cierto que fueron —y siguen siendo— usadas para extorsionar a los enemigos de la caviarada: si se te escuchaba en un audio publicado por el IDL con el “hermanito” César Hinostroza, así este sea inocuo, automáticamente te convertías en un delincuente.
Con esta sucia artimaña, los zurdos de cafetín tomaron la Junta de Fiscales Supremos y crearon la Junta Nacional de Justicia, que nació a imagen y semejanza de Martín Vizcarra, quien, vale recordar, se reunió, de manera subrepticia, con Rocío Sánchez y Sandra Castro, cuando ambas estaban a cargo del mencionado caso.
No hubo, pues, ninguna intención de buscar justicia a través de la investigación periodística, sino que se trató de un ajusticiamiento a los adversarios políticos de los oenegistas, lo que es inaceptable en un Estado de derecho. Pero tan chapucero fue todo este operativo mediático que los fiscales supremos que fueron destituidos por la anterior JNJ hoy están regresando a sus puestos, ya que se determinó que se vulneró el debido proceso.
Lo dicho por Córdova y Chávarry tiene harto asidero, puesto que Gorriti gozaba de tanta cercanía con Sánchez que lo llamó para exigirle que el entonces fiscal Rodrigo Rurush suspenda la diligencia voluntaria de exhibición de documentos en el local del IDL, en el año 2018. Acto seguido, Pablo Sánchez se comunicó con Rurush y lo amenazó para que le ponga punto final a la diligencia o, de lo contrario, afrontaría serias consecuencias.
Esta ilegal actuación del otrora fiscal de la Nación, en donde habría incurrido en el delito de obstrucción a la justicia, fue archivada por Delia Espinoza, actual titular del Ministerio Público, a quien previamente Sánchez apoyó con su voto para que llegue a tal puesto.
Menudo intercambio de favores que evidenciaría que coexisten bandas delincuenciales en nuestro sistema de administración de justicia, cuya reforma apremia por lo infectado que está.
