Columna publicada en el diario Expreso.
El Gobierno de la presidenta de izquierdas Dina Boluarte no ha tenido mejor idea para acabar con la minería ilegal en la provincia de Pataz, luego del sanguinario asesinato de 13 trabajadores mineros, que suspender por 30 días prorrogables toda actividad minera en la zona, afectando, principalmente, a las empresas formales.
Esta absurda decisión no solo hará perder millones de soles en impuestos y miles de puestos de trabajo, sino que no pondrá coto a la minería ilegal, que se ha convertido en el principal negocio ilícito en el país, superando al narcotráfico, puesto que la onza de oro supera tranquilamente los 3,300 dólares.
Me explico: solo las compañías mineras formales dejarán de operar en Pataz frente al decreto supremo emitido por el Ejecutivo, ya que los mineros ilegales, hallándose estos fuera de la ley, no acatarán ninguna disposición gubernamental.
Entonces, si las mineras legales paralizan sus operaciones, las organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal harán de las suyas con total impunidad. Se puede aseverar, por tanto, que el Ejecutivo es cómplice de la minería ilegal, al igual que el Parlamento al ampliar el Reinfo por 6 meses, con la posibilidad de extenderse por 6 meses más si así lo dispone la Administración de Boluarte.
Es hasta iluso pensar que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin el apoyo político de la mandataria, quien ya ha dicho, con todo el cuajo del mundo, que tiene mando, pero no comando, puedan derrotar a estas mafias sin temor a acabar presos.
A este despropósito se suma que el premier Gustavo Adrianzén, que ni siquiera funge de vocero del Gobierno porque la dignataria le puso a un sujeto cuestionado por encima de él, negó, en un primer momento, que los trabajadores mineros mencionados líneas arriba hayan sido secuestrados, a pesar de que, para ese entonces, estos ya habían sido ultimados.
Adrianzén debe asumir su responsabilidad política por esta afrenta a las familias de los fallecidos y por la ineficaz lucha contra la inseguridad ciudadana del Gobierno. Cuando hay crisis, los ministros son los que se queman y se cambian, como fusibles, para evitar que se achicharre el jefe de Estado de turno.
Es así que al Parlamento, aunque los grupos de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular se hayan convertido en socios de una señora que solo piensa en cirugías y joyas, y cuya vacancia se daría si no estuviéramos en pleno proceso electoral, le corresponde censurarlo.
Para más inri, Gustavo Adrianzén pechó al Legislativo al amenazarlo con su cierre si es que se le destituía y se le negaba la confianza al nuevo Gabinete, pese a que no se puede disolver el Congreso una vez convocadas las elecciones.
Con cuatro mociones de censura que pesan en su contra, se esperaría que la cabeza de Gustavo Adrianzén ruede en la próxima sesión del Pleno –y ojalá ocurra–, pero el problema es que no existe lógica cuando tenemos “padres de la patria” con apetitos personales insaciables.
