Publicado en el diario EXPRESO.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no mide a todos los casos a su cargo con el mismo rasero. Ello quedó evidenciado cuando, de manera abusiva y extemporánea, solicitó el allanamiento de la vivienda y luego el impedimento de salida del país en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que debe irse del cargo por inútil, pero eso no es lo relevante aquí, sino que, a la par, Espinoza dispuso el archivo de la indagación contra su colega Pablo Sánchez Velarde por haber ordenado al ahora exfiscal Rodrigo Rurush que suspenda la diligencia de exhibición de documentos en las oficinas del IDL.
La drasticidad de Espinoza para Santiváñez se enmarca en una investigación por supuesto abuso de autoridad en desmedro del capitán Junior Izquierdo, más conocido como ‘Culebra’, a quien el integrante del Gabinete Ministerial le habría dicho que vea la forma de “controlar” al periodista caviar Marco Sifuentes. De ser hallado culpable Juan José Santiváñez en este caso, no iría a la cárcel, pues el abuso de autoridad es penado con hasta 3 años de prisión; es decir, no hay una condena efectiva, sino meramente suspendida.
En cambio, la extraña laxitud de Espinoza para con Sánchez se da en contexto de la confesión del todopoderoso Gustavo Gorriti, quien, con total desparpajo, admitió, en una columna escrita y grabada en video, que llamó a Pablo Sánchez para reclamarle por el operativo en las oficinas de la ONG de izquierda. Según Gorriti, Sánchez Velarde hizo bien en amenazar a Rurush para que suspenda el operativo en el IDL, porque, a su juicio, era ilegal, a pesar de que lo realmente ilícito fue que el entonces fiscal de la Nación vulnerara la autonomía con la que deben trabajar todos los representantes del Ministerio Público. Por este caso, Pablo Sánchez era indagado por supuesta obstrucción a la justicia, en tanto que, dada su condición de intocable, al hombre de prensa en cuestión ni siquiera se le levantó el secreto de las comunicaciones para determinar que mangoneó a Sánchez, como él mismo ha terminado confesando.
¿Por qué Delia Espinoza archivó la investigación contra Pablo Sánchez? De acuerdo con Rodrigo Rurush, se trataría de un pago de favores, ya que Sánchez votó a favor de la elección de Espinoza como fiscal de la Nación. De ser cierta esta hipótesis, se configuraría, además de la obstrucción a la justicia, el delito de tráfico de influencias y cohecho.
Es así que, ante este descarado blindaje, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, que podría ser inhabilitada por 10 años y procesada penalmente. Corresponde, también, que la Junta Nacional de Justicia haga lo suyo e inicie una investigación de oficio. La justicia debe ser ciega y no puede mirar con un solo ojo para perseguir a los enemigos de una fiscal de la Nación que parece ser otra marioneta del IDL.
