Columna publicada en el diario EXPRESO.
Pocas horas después de que la presidenta Dina Boluarte anunciara la convocatoria de elecciones para el 12 de abril del 2026, en una jugada políticamente inteligente porque se saca los reflectores de encima, nos enteramos de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició diligencias preliminares basándose en denuncias absurdas de una ciudadana X y un antaurista, quienes piden que el Ministerio Público solicite a la Corte Suprema declarar la ilegalidad del partido de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el de Carlos Álvarez (País para Todos) por supuesta conducta antidemocrática.
En el caso de Fuerza Popular, la denunciante apela al caso ‘Cócteles’, el cual está judicializado e, incluso, ha regresado a etapa intermedia, y a que Fujimori Higuchi cuestionó los resultados de las irregulares elecciones del 2021. También menciona el caso ‘Mamanivideos’, por el que Kenji Fujimori recibió una condena de 4 años y medio de cárcel suspendida, y una presunta relación del partido naranja con el grupo ‘La Resistencia’, que, más allá de sus condenables escraches a los tótems caviares, no ha matado ni una mosca.
En cuanto a País para Todos, se discute que Álvarez haya declarado estar a favor de la pena de muerte para los violadores de menores de edad, la expulsión de los criminales extranjeros y la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, postulados con los que muchos estamos de acuerdo.
Ninguno de los dos casos es equiparable al del asesino de policías Antauro Humala, cuyo partido, que llevaba sus iniciales, reivindicaba el ‘Andahuaylazo’ y proponía instalar una dictadura fascistoide y fusilar a los expresidentes, sin que exista ninguna condena judicial.
No es la primera vez que los caviares, a través de sus alfiles, pretenden entorpecer el proceso electoral, ya que, antes de la primera vuelta del 2021, el fiscal José Domingo Pérez presentó —totalmente desesperado— su mamarracho de denuncia contra Keiko Fujimori, a pesar de que recibir aportes ilegales no era delito antes del año 2019, sino una mera falta administrativa.
Esta vez, Delia Espinoza, que se tuvo que ir de vacaciones para escaparse de las críticas, busca anular a los partidos con posibilidades de llegar a la presidencia para que los caviares tengan alguna alternativa de tomar el poder. Y es que esta costra no gana elecciones, sino que busca alguna rendija para meterse como roedor de contrabando en Palacio de Gobierno.
Espinoza merece ser denunciada constitucionalmente e inhabilitada por este abuso. ¿Qué están esperando los congresistas que defienden la democracia para presentar la acusación? No bastan los comunicados de rechazo, porque ya la caviarona Rosa María Palacios, que dice ser de derecha liberal (risas), ha deslizado que el Apra y Renovación Popular también podrían correr la misma suerte y ser disueltos, a causa de su presunta vinculación con ‘La Resistencia’. Están advertidos.
