Columna publicada en el diario EXPRESO
La condena a 15 años de cárcel contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, en el caso de los aportes ilícitos ingresados al Partido Nacionalista para las campañas del 2006 y 2011, ha dejado más dudas que certezas.
En cuanto a las dudas, aún no ha quedado claro si las inyecciones ilegales de dinero a las campañas políticas configuran blanqueo de capitales, pues no se ha demostrado, por lo menos en el adelanto de sentencia, que los billetes verdes provenientes de Venezuela (200 mil dólares en 2006 por encargo del fallecido dictador Hugo Chávez) y de Brasil (3 millones de dólares de Odebrecht en 2011 por orden de Lula da Silva) eran de fuente ilícita. Si no está comprobado que estos montos tenían origen ilegal, ¿cómo se podían lavar? Tampoco se ha dilucidado si la expareja presidencial sabía del origen sucio del dinero aportado a las campañas nacionalistas.
Una hipótesis que sí tiene asidero en el caso de los Humala-Heredia es que Odebrecht entregó estos 3 millones de dólares para, posteriormente, conseguir la licitación del Gasoducto del Sur. Si fuera esta la conjetura fiscal, estaríamos ante un caso de corrupción pura y dura, pero el problema es que la constructora brasileña no ha aceptado que cometió delito alguno en torno a dicho proyecto en el lesivo acuerdo de colaboración eficaz. Es más, la empresa carioca ha tenido el cuajo de demandar al Estado peruano ante el CIADI por unos 1,200 millones de dólares, a causa de la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto por falta de espalda financiera.
Todo hace indicar, entonces, que el fiscal Germán Juárez Atoche, con el aval de 2 de 3 jueces, ha conseguido meter con fórceps el lavado de activos en un caso de aportes irregulares de campaña, que recién ha sido penalizado en el año 2019 —antes solo era una falta administrativa—, de tal forma que, en segunda instancia, la sentencia podría ser tranquilamente anulada.
Sobre las certezas, es innegable que el asilo otorgado por Lula, que estuvo preso también por la trama Lava Jato, a Nadine fue conversado con antelación. Este beneficio, además, alcanzó hacerse efectivo en tiempo récord por el actuar diligente —e interesado— del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al otorgar inmediatamente el salvoconducto respectivo.
Y es que nos referimos a un Ejecutivo con un premier, Gustavo Adrianzén, que antes fue ministro de Justicia de la gestión de los Humala-Heredia. En política no hay coincidencias, así que no debería sorprendernos la ausencia de un reclamo justificado por parte de la Administración de Boluarte en respuesta a una cuestionada decisión, que coloca al Perú como un país donde existen “perseguidos políticos”. ¿Será, acaso, que la mandataria piensa seguirle los pasos a la esposa de Humala?
Otra convicción que nos deja la condena de los Humala-Heredia es la doble moral caviar, ya que, a diferencia de cuando Alan García, que ni siquiera estaba condenado, requirió asilo a Uruguay, hoy brilla por su ausencia la chilladera de Pedro Cateriano o Rosa María Palacios tras el asilo irregular otorgado a su amiga —y hasta jefa— Nadine Heredia. Me pregunto si, a estas alturas, ¿alguien todavía puede tomar en serio a este grupúsculo parasitario?
