En agosto de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro inició una campaña orientada a desconocer la peruanidad de Santa Rosa de Loreto, territorio originado de la isla Chinería, reconocida como peruana conforme a la ratificación del Tratado Salomón– Lozano. Este tratado fue firmado en 1922, entro en vigor en 1928 (tras canje de ratificaciones) y su ejecución física se dio entre 1929–1930 por una comisión mixta.
Perú cedió inexplicablemente a Colombia aproximadamente 120,000 km² de Amazonía, incluyendo Leticia, Puerto Leguízamo y otros territorios donde incluso se habían fundado asentamientos peruanos, como Puerto Tarapacá y Puerto Arica, establecidos por colonos provenientes de antiguos territorios peruanos homónimos perdidos en la Guerra del Pacífico, tal como se observa en el gráfico.
La cesión del Trapecio Amazónico —que otorga acceso de Colombia al río Amazonas por Leticia— fue resultado de una triangulación diplomática promovida por el gobierno estadounidense con tres variables principales: el acceso colombiano al Amazonas por Leticia, la consolidación estratégica del Canal de Panamá y la Reincorporación de Tacna al Perú. Pero esta es otra historia
Cabe señalar que, particularmente durante el año 2025, ciertos medios de prensa y, en especial, precandidatos a cargos públicos en las elecciones del 2026, sostenían discursos contrarios a las adquisiciones militares —particularmente a la compra de 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú (FAP)—, recurriendo a argumentos ya repetidos: “todas nuestras fronteras están demarcadas por tratados”, “mantenemos buenas relaciones con nuestros vecinos”, “somos países hermanos”, etc. En contraste, el gobierno de Petro ha acelerado la adquisición de sus aeronaves de combate. Algo está cambiando. Otras adquisiciones estratégicas también se han detenido en el Perú por esta misma posición que considero errónea. Obviamente el discurso de los candidatos es populista y electorera
Recordemos que ningún tratado vale más que el papel con que está escrito, sino se cuenta con los medios para hacerlo respetar.
Antecedentes históricos del Tratado Salomón–Lozano y la isla Chinería
En 1922, durante el gobierno de Augusto B. Leguía y en total reserva, se firmó el Tratado Salomón–Lozano, que fijó la frontera entre Perú y Colombia tomando como referencia el río Putumayo. Además, cedió inexplicablemente el Trapecio Amazónico, otorgando a Colombia acceso soberano al Amazonas. Esta cesión fue mantenida en secreto hasta que se hizo pública.
En 1929, una Comisión Mixta Demarcadora aplicó el tratado: la isla Chinería (donde se ubica el poblado de Santa Rosa) se asignó al Perú, mientras que la isla Ronda fue asignada a Colombia. Entre 1932 y 1934, se produjo el conflicto armado entre Perú y Colombia. Concluida la guerra el Protocolo de Río de Janeiro (1934) dio por zanjado el diferendo y reafirmó el Tratado Salomón–Lozano, ya previamente ratificado por la Liga de Naciones (actual ONU). En ese ínterin fue asesinado -en extrañas circunstancias nunca aclaradas-. el Presidente Sánchez Cerro luego de pasar revista a las tropas próximas a desplegarse a la frontera.
En agosto 2025 Petro invoca dicho protocolo para argumentar que las “nuevas islas” deben decidirse por mutuo acuerdo, interpretación que considero errónea y arbitraria.
Formación y condición jurídica de Santa Rosa de Loreto
En la década de 1970, la dinámica fluvial provocó la formación de la “isla Santa Rosa” en territorio peruano, debido a la fragmentación del extremo sur de Chinería. El brazo de río que las separaba posteriormente se colmató y desapareció. En consecuencia, no existe una nueva isla, sino una extensión de Chinería bajo administración peruana ininterrumpida.
Santa Rosa ha sido parte del Perú desde la aplicación del tratado, interactuando de manera natural con sus pares fronterizos: Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Sin embargo, mientras Leticia y Tabatinga están en tierra firme, conectadas por carreteras y con infraestructura urbana completa, Chinería es una isla cuya configuración limita ciertas facilidades logísticas. Aun así, Santa Rosa cuenta con puesto policial, centro de salud, instituciones educativas, bases del Ejército y la Marina, aduanas, RENIEC, Banco de la Nación, Aduanas, entre otros servicios.
El 3 de julio de 2025 se creó el Distrito de Santa Rosa de Loreto (Ley N.º 32403), reforzando la presencia estatal y asignándole presupuesto propio. Esta ley fue el pretexto para que Petro lanzara su diatriba contra el Perú, primero en redes sociales y luego durante la ceremonia del aniversario de la Batalla de Boyacá, realizada de manera atípica en Leticia y no en el Puente de Boyacá (departamento homónimo), lugar tradicional de estos actos. Era evidente su pretensión al margen de la poca popularidad en Boyacá.
Consideraciones estratégicas y posición peruana
No existe razón para que el Perú acepte someter este asunto a la Comisión Mixta Permanente de Inspección de la Frontera (COMPERIF) bajo las condiciones propuestas por Colombia, ya que la contraparte llegaría con una directriz presidencial que bloquearía cualquier solución distinta a sus pretensiones. Esto abriría la puerta a llevar el caso de forma indebida a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pese a que el Perú nunca ha manifestado un conflicto limítrofe con Colombia.
En un escenario extremo, esta misma lógica absurda permitiría cuestionar el propio Tratado Salomón–Lozano, que cedió el Trapecio Amazónico —incluida Leticia— sin base histórica, cesión por guerra ni otra justificación jurídica válida.
A agosto de 2025, la posición oficial del Perú es que Santa Rosa de Loreto no es una isla independiente, sino parte de Chinería, cuya soberanía peruana fue reconocida desde 1929 y ratificada por la Comisión Mixta Demarcadora.
Petro no pone en tela de juicio la isla Chinería, sino Santa Rosa de Loreto. Sin embargo, mapas oficiales colombianos ubican este poblado en territorio peruano, y análisis internacionales lo sitúan claramente del lado peruano del Thalweg (línea del canal más profundo del río).
Estrategia Distractora y “Rally Around the Flag”
En geopolítica, la llamada Estrategia Distractora, o también “Rally around the flag” describe el incremento temporal de apoyo popular a un líder ante una amenaza externa. La estrategia consiste en provocar o exacerbar disputas internacionales para desviar la atención de problemas internos, generando una supuesta unidad nacional entre partidarios y opositores.
Ejemplos recientes incluyen:
- Venezuela vs. Guyana (2023–2025), con el referéndum impulsado por Nicolás Maduro sobre el Esequibo y la creación por ley de un “Estado” en el territorio en disputa, interpretado como un recurso nacionalista en año electoral.
- Argentina vs. Reino Unido (Guerra de Malvinas, 1982), cuando la junta militar de Leopoldo Galtieri ocupó las islas para fomentar el nacionalismo. Si bien hubo apoyo inicial, la derrota aceleró la caída del régimen.
Esta Estrategia Distractora tiene como mecanismo central a la amenaza externa la cual desplaza la agenda interna y eleva el apoyo al líder en el corto plazo, utilizando instrumentos como retórica nacionalista, endurecimiento de posiciones, ejercicios militares, sanciones, incidentes fronterizos o referéndums simbólicos.
Emplea como condiciones favorables a los medios de comunicación controlados o polarizados, oposición fragmentada, proximidad electoral y capacidad de mostrar fuerza a bajo costo. Sin embargo, puede revertirse si los costos humanos, económicos o diplomáticos son altos.
Indicadores para detectarla:
- Aparición repentina de un tema externo en la agenda oficial.
- Coincidencia con crisis internas o escándalos.
- Uso intensivo de símbolos patrios en lugar de soluciones técnicas.
- Medidas visibles sin un plan negociador real.
Recomendaciones para la respuesta peruana
El Perú debe mantener una postura firme, evitando caer en provocaciones. Las Fuerzas Armadas deben intensificar su entrenamiento, revisar planes y prever la logística necesaria, incrementando la presencia en la isla Chinería. Asimismo, es imperativo acelerar los procesos de adquisición de capacidades militares, particularmente los cazas para la FAP, con el fin de restablecer una fuerza disuasiva aérea comparable a la que existió décadas atrás.
* General del Ejército del Perú, ex Comandante General del Ejército y ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
