A pesar de que en nuestro país es un delito tomar o impedir el libre tránsito en las carreteras (Artículo 283: “El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones…será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años”), contamos con el apoyo de al menos uno de los padres de la patria, el congresista de Frente Amplio, Lenin Bazán, quien en una entrevista radial el último fin de semana, dijo que le parecía bien y estaba justificado que los agricultores hayan tomado la Panamericana sur y norte durante cinco días para reclamar por sus derechos laborales. Más aún, agregó que se debería regular el derecho de los manifestantes a tomar las carreteras, ya que es un medio efectivo para que el Gobierno escuche sus reclamos. Siendo así las cosas y ya que todos somos iguales ante la ley, propongo que cada uno de nosotros que tenga un reclamo particular frente al Gobierno, tome la calle o avenida frente a su casa o negocio para lograr que el Gobierno escuche sus reclamos y derogue las leyes que consideramos perjudiciales, tal y como hizo el Congreso la semana pasada. ¡Tenemos el apoyo del congresista!
Considero esta acción tan efectiva (tomar las calles y avenidas) que nuestro presidente Sagasti, a pesar de reconocer que es un delito (lo publicó en un tuit la semana pasada) no hizo absolutamente nada durante cinco días, cometiendo otro delito (Artículo 377: “Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años…”). Con su inacción, Sagasti convalidó esta conducta ilegal de toma de carreteras.
Solo cuando el Congreso, en un acto precipitado y claramente populista, derogó le ley de fomento del sector agrario Ley 27360, los manifestantes permitieron que miles de vehículos y varios miles de personas, puedan circular libremente por las carreteras de nuestro país, después de haber estado retenidos contra su voluntad por más de cinco días. (Artículo 200: “Extorsión con toma de rehenes”, Artículo 281: “Atentado contra el bien común”, Artículo 283: “Entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos”, Artículo 315: “El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante la violencia causa daño a la propiedad pública o privada”) Pero a pesar de haber cometido esta larga lista de ilícitos penales, ni la Policía ni la Fiscalía han intervenido y detenido a uno solo de los manifestantes y menos iniciado procesos penales por los delitos cometidos. Siendo que así funcionan las cosas en nuestro país, nosotros tampoco deberíamos tener miedo a que nos detengan o inicien un proceso penal por tomar las calles ya que es nuestro “Justo Derecho”.
Dentro de mi lista de reclamos pienso incluir: la reducción del impuesto a la renta que tengo que pagar como empresario de 30%, la eliminación del impuesto a las utilidades de 5% (cuando tengo suerte de tener utilidades), la eliminación del pago de aranceles cuando importo mercadería, la eliminación del sistema de detracciones, retenciones, percepciones de la SUNAT quien me obliga a realizar su trabajo, la eliminación de la estabilidad laboral, la reducción de los costos laborales, la reducción de las decenas de trámites administrativos y multas que tengo que pagar como empresario, la reducción de los impuestos que pago como persona natural, la reparación de las pistas y veredas que pago con mis arbitrios y para estar a tono con los tiempos reclamo el acceso gratuito a internet para poder ver así mis series de Netflix favoritas. Todo es justo reclamar mediante la toma de carreteras, la destrucción de la propiedad pública y privada ya que finalmente es nuestro derecho a protestar.
Los trabajadores agrícolas lograron que se derogue la ley de fomento al sector agroexportador, ya que según ellos esta ley no respetaba sus derechos laborales. Sin ser abogado laboralista, tengo que decir que he leído toda la ley 27360, con sus once artículos y disposiciones transitorias y finales y en ninguno de ellos pude encontrar cómo es que la ley violaba los derechos laborales. El mismo Tribunal Constitucional en el expediente 00027-2006-PI desestimó la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley y explicó que la norma establece un nuevo régimen laboral que ha dejado un piso mínimo de derechos para los trabajadores. Es cierto que las empresas agroexportadoras gozaban de un trato tributario preferencial al pagar un impuesto a la renta de 15% cuando las demás empresas tienen que pagar 30%. También es cierto que las empresas pagaban 6% a ESSALUD en lugar del 9% que pagan las demás empresas que tienen a sus trabajadores en planilla. Pero es falso cuando se dice que los trabajadores agrarios no tenían vacaciones, ni gratificaciones, ni CTS. Según el DU 43-2019 que modificó ciertos términos de la ley 27360, los trabajadores agrícolas formales tenían derecho a 30 días de vacaciones pagadas, gratificaciones de Julio y Diciembre y pago de CTS incluidos dentro de su remuneración diaria así como la indemnización por despido arbitrario. Pero aquí, la palabra clave es “formales”. Según estadísticas que he podido encontrar, sólo el 25% de los trabajadores agrícolas son formales o trabajan para empresas formales siendo el mayor problema del sector, el funcionamiento de los “services”. Mi pregunta es: ¿Quién es el encargado de controlar el funcionamiento de los “services”? ¿Acaso no es el Ministerio de Trabajo el encargado de hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores? Nuevamente los peruanos pensamos que cambiando o derogando leyes resolveremos los problemas de fondo, cuando la realidad es otra. La ineficiencia y corrupción del Estado son los grandes culpables (pero no los únicos) de los abusos que vemos todos los días en el país.
No nos damos cuenta que estamos matando la gallina de los huevos de oro al derogar la ley de promoción a la agroexportación. El sector agroexportador ha pasado a exportar de 600 millones de dólares en el año 2000 a 7500 millones de dólares en el 2019. Es cierto que pagan 15% sobre el impuesto a la renta; pero en un cálculo muy simplista, asumiendo que el 50% de lo exportado es ganancia (la realidad es mucho menos), el Estado ha pasado a cobrar 562.5 millones de dólares en impuesto a la renta de los 45 millones de dólares que cobraba en el año 2000. Por supuesto que se podría cobrar más. Soy de los que piensa que todos los peruanos deberíamos pagar los mismos impuestos (a una tasa más baja de la que pagamos hoy) incluyendo a los agroexportadores; pero también debemos reconocer que el incentivo tributario que tuvieron en los últimos 20 años, estuvo más que justificado para crear en medio del desierto los campos de uvas, espárragos y arándanos que vemos el día de hoy.
Y a los populistas que hoy en día hablan del boom o del milagro agroexportador, les quiero decir que eso no se llama milagro, se llama trabajo, algo que ellos no conocen porque nunca lo han practicado. Se trata del trabajo de los empresarios que en conjunto con su activo más importante, los trabajadores agrícolas, han sabido sacar adelante este sector.
El día de hoy, que nos encontramos en una profunda recesión, con la economía desplomándose a tasas de -20% al año, el sector agroexportador es el único que viene creciendo de manera sostenida a tasas de 8% anual, lo que permitirá emplear a cientos de miles de peruanos. Por más que no les guste reconocerlo a congresistas de izquierda como el Sr Bazán; quienes crean los puestos de trabajo en nuestro país son los empresarios honestos, chicos, medianos y grandes y no los políticos populistas quienes dicen defender a los trabajadores, pero que nunca en su vida han trabajado y más bien son un parásito para la sociedad.
Recordemos lo que decía el periodista y escritor francés Louis Dumur de los políticos: “la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que les sirves a ellos”. No lo olvidemos nunca.
