Columna publicada en el diario Expreso.
Después de una andanada de denuncias, a través de las redes sociales, de ciudadanos que fueron inscritos a algunos partidos políticos sin su consentimiento, finalmente, estalló el chupo. El dominical ‘Punto Final’, de Latina TV, evidenció la existencia de una mafia de falsificación de firmas, en donde, según un informante que confesó desde las entrañas de la organización criminal, se cobra 6 soles por ficha llena con datos del Reniec.
El mencionado programa periodístico demostró que la agrupación política ‘Primero La Gente’ consiguió su inscripción ante el JNE con más de 4 mil firmas falsas. Dicho partido fue fundado por el castillista Miguel del Castillo, hijo del aprista Jorge del Castillo, y tiene como personero legal al villaranista Marco Zevallos, además de que su precandidata presidencial es la caviar Marisol Pérez Tello, que hasta ahora no renuncia ni siquiera por mínima decencia.
Para corroborar lo dicho por el informante, ‘Punto Final’ recogió el testimonio de 120 militantes de ‘Primero La Gente’, quienes, sorprendidos e indignados, negaron haberse afiliado a este partido.
Previamente, se conoció que los partidos del vacado exmandatario Martín Vizcarra (Perú Primero), del congresista izquierdista Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) y del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte (Ciudadanos por el Perú), consiguieron su inscripción también con miles de firmas falsificadas.
Ante la gravísima denuncia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la jefa de Reniec, Carmen Velarde, anunciaron que se presentarán sendas acusaciones penales contra los partidos políticos que han incurrido en este delito, al tiempo que anunciaron que se eliminaría el cobro de 46.20 soles para que los ciudadanos afectados puedan desafiliarse de los partidos.
Sin embargo, esta tibia respuesta es equivalente a aplicar un desenfriolito frente a una infección generalizada, que produce una fiebre que no cede. La solución para esta crisis que pone en duda la transparencia de los siguientes comicios es el mero sentido común; es decir, los partidos involucrados en la falsificación de miles de firmas deben perder su inscripción. Así de simple.
El problema, no obstante, es que el JNE no tiene los dientes para hacerlo, así que urge que el Congreso le otorgue esta facultad en caso de inscripciones ilegales, de modo que se reduciría el monstruoso número de 43 partidos aptos para las elecciones del 2026.
Por obra y gracia de la reforma de Fernando Tuesta y Vizcarra, la mayoría de estas nuevas agrupaciones alcanzaron su inscripción con tan solo la presentación de 25 mil afiliados. Y eso que el proyecto de la comisión encabezada por Tuesta proponía 14 mil militantes, lo cual fue modificado por un Parlamento de manos atadas que temía ser cerrado por el ‘Lagarto’. Al final, como siempre, el remedio caviar para mejorar el sistema electoral fue peor que la enfermedad.
