Es sumamente frustrante tratar de decir en todos los idiomas y de todas las maneras que el país está en peligro inminente de entrar en la “tormenta perfecta” de la criminalidad transnacional y no ver respuestas, mensajes o gestos de los políticos para concentrarse en lo que es su tarea estratégica: la unidad.
Lo único que se aprecia es que todos se preparan para una carrera por la Presidencia o por el Congreso en sus dos cámaras y es como si las “burbujas” de sus resguardos policiales o privados filtraran para ellos cualquier “ruido” de la calle, cualquier lamento de dolor y muerte, o cualquier signo de que estamos perdiendo el país. Semejante ceguera debe terminar por el bien de todos.
Entendemos que es muy difícil, complejo y hasta doloroso intentar juntar a todos para ponerse de acuerdo en agendas mínimas para contrarrestar el principal problema de país, la creciente inseguridad. Sin embargo, deben hacer un esfuerzo, hacer consultas con sus asesores, con los expertos en estos temas y se darán cuenta de que todos, absolutamente todos, estamos esperando que la maquinaria política se ensamble en un mosaico de alianzas electorales que permitan tener un solo candidato y una sola plataforma consensuada con las primeras acciones que deben tomarse para salvar al país.
Un candidato de consenso exige un gran esfuerzo, una capacidad de renuncia sin precedentes, humildad de corazón y una sólida visión de estadista para comprender que, por encima del interés personal, grupal o partidario, está el interés de millones de peruanos, de millones de jóvenes y del presente y futuro del país. Asimismo, este esfuerzo debe tener un paquete de acciones con contenido estratégico, como una agenda mínima para ejecutar en caso de llegar al Gobierno.
Desde esta columna sugerimos humildemente, con base en nuestra experiencia, que las primeras acciones que deba considerar este “Gobierno de salvación nacional” sean las siguientes: una inversión histórica en inteligencia operativa policial con el uso de tecnología de punta para la ejecución de sus operaciones; derogatoria de normas que dan “beneficios penitenciarios” a quienes han cometido delitos graves y violentos; habilitación de módulos penales transitorios a nivel nacional con obras por impuestos para delitos no violentos, penas por cumplir u otros, que permitirá desocupar las grandes cárceles que albergarán a los más avezados y un combate sin precedentes a la corrupción del sistema de justicia (policías, fiscales, jueces y funcionarios del INPE).
Por eso será importante que participen todos los actores en este grave problema; es decir, el Estado, los gremios empresariales, la sociedad civil y los ciudadanos. También debemos advertir que este plan solo funcionaría en un escenario de coalición de partidos, porque, si alguien quisiera ejecutar “por la libre” como “Pepe el vivo” para ganarse “alguito”, simplemente, fracasará.
No se trata de estar en el “gana gana”, sino de entender que este es el verdadero primer peldaño para respirar algo de paz en el próximo quinquenio. Sí se puede.
