Los alcaldes claman desesperadamente que en su correspondiente jurisdicción municipal se declare “el estado de emergencia” para enfrentar la escalada delincuencial que asola de un tiempo a esta parte a todo el territorio.
Esto no es sino una forma de justificar la inoperancia y falta de idoneidad profesional del Estado.
El Estado es todo el aparato administrativo que maneja el poder ejecutivo. El Estado tiene la obligación de garantizar los Derechos Humanos, y no puede suspenderlos porque es ineficiente, perverso, y corrupto.
¿Cómo ha podido degenerar en debilidad y vulnerabilidad la institución policial? – Evidentemente porque los altos mandos no fueron capaces de entrenar a sus subordinados, no le han dado importancia al lema que los inspira y motiva: “EL HONOR ES SU DIVISA”.
Las fuerzas policiales, son parte de las fuerzas armadas, y tienen a su cargo el orden interno de la Nación, no es necesario recordarlo a las autoridades municipales ¿O sí?
Los alcaldes deben cambiar su clamor, para que el Gobierno habilite, equipe y entrene a los miembros de la policía, y que cumplan con los fines para los que fueron creados claramente estipulados en su Ley Orgánica, entre los que está el de garantizar los derechos humanos de la población, y no actuar impunemente con el riesgo de incurrir en abuso de poder.
La corrupción avanza incontenible en el aparato estatal peruano, y lamentablemente en los tres poderes… ¿Cómo exigir al Legislativo que promulgue leyes en favor del pueblo que lo eligió, con el presidente que hoy los representa? – simplemente no es posible¡¡¡
¿Cómo exigir al Poder Judicial que administre justicia si libera delincuentes reincidentes constantemente? – simplemente, tampoco, es posible¡¡¡
¡Esperemos que, en las próximas elecciones, compitan candidatos sin prontuario, y que el voto sea debidamente garantizado por un Jurado Electoral imparcial y transparente!!! – De otra manera seguiremos “cuesta abajo en la rodada” –
