Una reciente decisión judicial ha sacudido el caso del expresidente Ollanta Humala. La Segunda Sala Constitucional ha concluido que su detención, ejecutada en abril tras un adelanto de sentencia, fue inapropiada. ¿La razón? Nunca se le entregó el fallo completo antes de ser llevado a prisión.
La demanda de hábeas corpus presentada por Ilan Heredia, hermano de la exprimera dama Nadine Heredia, fue clave para que se revisara el procedimiento. El tribunal consideró que no se respetaron los tiempos ni las garantías mínimas del debido proceso.
Humala fue arrestado tras conocerse un adelanto de la sentencia que lo condenaba, junto a su esposa, a 15 años de prisión por presunto lavado de activos. Sin embargo, según la resolución reciente, esa detención no debió ocurrir sin que él y su defensa tuvieran acceso al contenido completo de la condena.
“El tribunal que ordenó su encarcelamiento no notificó formalmente el fallo en su totalidad, lo que dejó a la defensa sin posibilidades de apelar”, señaló Wilfredo Pedraza, abogado de Humala. El letrado detalló que pasaron 19 días sin que se pudiera ejercer ese derecho.
Para el penalista Andy Carrión, lo ocurrido representa una vulneración clara a las garantías procesales. “Se tomó una medida drástica sin dar espacio a la defensa para reaccionar legalmente. Eso no puede ocurrir en un Estado de derecho”, apuntó.
A pesar del revés judicial, esto no significa que el expresidente vaya a recuperar su libertad de inmediato. La sentencia por lavado de activos sigue en pie y está siendo revisada en segunda instancia. Humala permanece en el penal de Barbadillo, mientras que Nadine Heredia ha solicitado asilo político en Brasil.
Ambos están acusados por la Fiscalía de haber recibido dinero de la constructora Odebrecht y del gobierno venezolano durante las campañas electorales de 2006 y 2011. La historia judicial aún no termina, pero este nuevo capítulo pone en duda la forma en que se han venido tomando decisiones clave en uno de los casos más sonados de los últimos años en el país.
