El presidente de la Corte Superior Nacional no descarta que el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima se adelante, como lo ha solicitado el fiscal del caso. El objetivo es avanzar con rapidez y evitar dilaciones.
El juicio a Susana Villarán, investigada por presuntos aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht y OAS, podría comenzar antes de lo previsto. Así lo dejó entrever el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Jhonny Contreras, quien destacó la disposición del tribunal encargado de avanzar con celeridad.
Aunque la fecha inicialmente fijada para el inicio del juicio es septiembre, debido a los trámites de notificación a procesados que residen en el extranjero, el magistrado indicó que existe voluntad de evaluar el pedido del fiscal José Domingo Pérez para anticipar la instalación del proceso.
“El tribunal tiene plena capacidad para atender esta solicitud si lo considera pertinente”, señaló Contreras, añadiendo que ha sostenido conversaciones con los jueces a cargo del caso para garantizar que el juicio no se dilate innecesariamente.
La jueza Nayko Coronado, quien preside el colegiado encargado del caso, ya tendría en agenda la posibilidad de programar hasta tres sesiones por semana con el fin de concluir el juicio en el menor tiempo posible. Esta metodología se aplicaría especialmente si Villarán opta por aceptar los cargos y someterse a una conclusión anticipada del proceso.
En caso contrario —es decir, si la exburgomaestre rechaza los cargos— se seguiría la vía regular, aunque con una agenda intensiva. Contreras recordó que la misma jueza Coronado llevó adelante el juicio del expresidente Ollanta Humala, logrando un ritmo ágil gracias a su experiencia previa.
Por su parte, el fiscal Pérez advirtió que mantener el inicio del juicio en septiembre podría generar una percepción de permisividad por parte del sistema judicial. En ese contexto, el Tribunal Constitucional también ha instado al Poder Judicial a actuar con mayor prontitud en este proceso, recordando que se trata de un caso emblemático que impacta directamente en la confianza ciudadana.
Según la acusación fiscal, Villarán habría encabezado una red criminal que captó más de 11 millones de dólares de origen ilícito para financiar sus campañas políticas. La pena solicitada en su contra asciende a 29 años de prisión.
Este proceso también está vinculado al escándalo por el contrato con Rutas de Lima y sus adendas, así como la polémica suspensión del peaje en Puente Piedra, puntos que han sido señalados por el TC como ejemplo de la necesidad de que el sistema judicial actúe con firmeza y transparencia.
