En un hecho que ha dejado perplejos a muchos observadores del sistema judicial, el congresista y fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, logró lo que para otros investigados parece imposible: la anulación de tres investigaciones fiscales en tiempo récord.
El responsable de esta sorpresiva decisión es el juez Juan Carlos Núñez, del Primer Juzgado Constitucional de Lima, quien acogió un hábeas corpus presentado por Miguel Ángel Soria Fuerte, abogado de Luna y exviceministro de Justicia. En apenas dos meses, Núñez falló a favor del excongresista, invalidando procesos por lavado de activos, organización criminal y pago de sobornos.
Entre las investigaciones archivadas destaca la que vinculaba a Luna con transferencias de S/180 mil desde su universidad Telesup al exalcalde Luis Castañeda Lossio, en el contexto del caso Lava Jato. Otra apuntaba a un supuesto pago de S/912 mil a Iván Noguera, miembro de los “Cuellos Blancos del Puerto”, mientras que una tercera lo sindicaba como cabecilla de la presunta red “Los Gánsteres de la Política”, que habría buscado controlar la ONPE para favorecer la inscripción de su partido.
Aunque Luna ha celebrado la decisión como un acto de justicia, la rapidez del fallo y la magnitud de los cargos borrados del mapa judicial alimentan la percepción de que algunos personajes tienen acceso a un Poder Judicial exprés, mientras el resto del país debe enfrentarse a años de procesos interminables.
En lugar de despejar dudas, este caso refuerza la sensación de que en el Perú hay dos sistemas de justicia: uno para los poderosos y otro para todos los demás.
