El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó el pedido de la Fiscalía de imponer 36 meses de prisión preventiva al exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, acusado de pertenecer a la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En su lugar, el magistrado dispuso que Hinostroza, actualmente prófugo y asilado en Bélgica, afronte la investigación bajo un régimen de comparecencia con restricciones por 18 meses.
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva por su presunta participación en el ascenso de Elizabeth Peralta Santur al cargo de Fiscal Superior Titular Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en 2015. No obstante, Checkley determinó que no existían indicios suficientes para justificar la medida, lo que ha generado críticas en diversos sectores.
Fiscalía evalúa apelar la decisión
Ante esta resolución, la Fiscalía ha anunciado que evaluará las acciones legales pertinentes para revertir el fallo. La decisión judicial reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y su compromiso en la lucha contra la corrupción.
Hinostroza se fugó de Perú el 7 de octubre de 2018, pese a contar con una orden de impedimento de salida. Se le acusa de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y manipulación de decisiones judiciales. Entre los delitos imputados están:
- Organización criminal: presunta pertenencia a una red de corrupción judicial.
- Cohecho: recibir sobornos para beneficiar a terceros.
- Tráfico de influencias: uso de su cargo para favorecer a determinadas personas.
- Negociación incompatible: abuso de funciones para intereses particulares.
Implicaciones en el caso de Elizabeth Peralta
La fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur también está bajo investigación por sus vínculos con ‘Los Cuellos Blancos’. En enero de 2025, la Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones por 36 meses, incluyendo control biométrico mensual y la prohibición de contacto con Hinostroza u otros investigados. Además, se le impuso una caución de 30 mil soles.
En 2024, una inspección en su despacho reveló un USB con un video donde un interlocutor anónimo admitía haber comprado un examen de conocimientos para favorecerla en un concurso de ascenso. El material también menciona a exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura y a políticos como César Acuña y José Luna Gálvez.
El contenido del dispositivo será investigado por separado, mientras que el abogado de Peralta, Benji Espinoza, busca anular la diligencia en la que se obtuvo la evidencia. En paralelo, el fiscal Franklin Tomy ha sido autorizado a formalizar una investigación adicional contra Peralta.
El caso sigue en desarrollo y se espera que la Fiscalía presente una apelación en los próximos días.
