El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto por la Sunat contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes en 2019 archivaron una denuncia penal por presunta defraudación tributaria contra exdirectivos de la empresa Odebrecht.
La Sunat sostenía que esta decisión vulneraba el debido proceso, ya que se tomó con base en el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito con la constructora brasileña, el cual, según la entidad tributaria, no contemplaba delitos de carácter fiscal.
No obstante, el juzgado concluyó que la demanda no cumplía con los requisitos para ser admitida como un proceso de amparo, al no evidenciarse una afectación directa a derechos fundamentales. Se indicó que el fondo del reclamo era una discrepancia legal sobre el criterio adoptado por los fiscales, lo cual debe ser resuelto en la vía penal ordinaria.
Asimismo, la resolución judicial precisó que el acuerdo firmado con Odebrecht abarca únicamente delitos de corrupción de funcionarios, sin extenderse a ilícitos tributarios. Por ello, no se habría producido una invasión de competencias del Ministerio Público, como alegaba la Sunat.
Posibilidad de reabrir el caso
Pese al archivamiento, el Ministerio Público dejó abierta la posibilidad de que la Sunat pueda presentar nueva evidencia —siempre que esta no provenga del acuerdo de colaboración— para retomar la investigación.
Por su parte, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, advirtió que este tipo de demandas podría generar incertidumbre sobre la viabilidad de futuros acuerdos de cooperación eficaz.
El fallo también dejó en claro que el Estado mantiene intacto su derecho a exigir reparación civil por otros hechos que no formen parte del convenio, lo que abre la puerta a futuras investigaciones si se presentan elementos independientes.
