La seguridad en Perú se encuentra en el ojo del huracán. En menos de dos meses, el país ha registrado 236 homicidios, una cifra alarmante que pone en evidencia el avance de la criminalidad. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha intentado minimizar la crisis al afirmar que estas cifras incluyen muertes por accidentes de tránsito. El Ministerio de Salud (Minsa) ha salido al frente para desmentir sus declaraciones y aclarar que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) clasifica de manera separada las muertes violentas.
El Minsa contradice a Santiváñez: «Las cifras no están mezcladas»
El Minsa ha asegurado que los registros de defunciones son categóricos y diferenciados, clasificando homicidios, accidentes de tránsito, suicidios y otras causas de muerte de manera independiente. Además, los certificados de defunción son emitidos por médicos, y en casos de muertes violentas, estos deben ser registrados por el Ministerio Público.
Pese a esta aclaración, el ministro Santiváñez sostiene que hay una manipulación de los datos con el fin de desacreditar su gestión. No obstante, los datos oficiales y la transparencia del SINADEF contradicen su argumento.
Lima lidera la ola de homicidios
El reporte del SINADEF indica que Lima es la región con más homicidios (79), seguida por La Libertad (31), Callao (26), Piura (15) y Puno (13). Estas cifras reflejan un preocupante crecimiento de la violencia en zonas críticas del país y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno.
El ministro se enfrenta a los medios
En respuesta a las críticas, Santiváñez ha culpado a los medios de comunicación, acusándolos de estar «comprometidos con la criminalidad» y de llevar a cabo una «campaña de desprestigio» en su contra. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo y rechazo, ya que parecen ser un intento de desviar la atención de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
El reto de combatir el crimen
La falta de una estrategia efectiva contra la criminalidad y el aumento sostenido de homicidios dejan en evidencia una crisis en la gestión de seguridad en Perú. Mientras el gobierno intenta justificar las cifras, los ciudadanos siguen enfrentando un escenario cada vez más violento. La solución no está en negar la realidad, sino en implementar políticas de seguridad pública eficientes y coordinadas con las autoridades pertinentes.
El país necesita respuestas concretas y acciones inmediatas. ¿Seguirá el gobierno ignorando las cifras o finalmente tomará medidas efectivas para frenar la violencia?
