La escalada de violencia en el Perú ha alcanzado niveles críticos en lo que va del 2025, con 921 asesinatos reportados hasta mayo.
El reciente asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz ha desatado una ola de indignación, poniendo en evidencia la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte para frenar la delincuencia y las acusaciones de complicidad con una “coalición criminal” que, según denuncias, involucra a sectores del Congreso y a bandas criminales.
Es por ello que las organizaciones sociales y ciudadanos señalan que el Ejecutivo y el un Congreso al que califican de “mafioso” se han aliado con los sicarios y extorsionadores, incluyendo presuntos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), para generar terror y justificar la aprobación de la ley de “terrorismo urbano”.
En un comunicado suscrito por los titulares del Comité de Gremios de Transportistas del Perú, de la Confederación de Mototaxistas del Perú, del Comité de Lucha de Empresarios de Gamarra, del Comité de Gremios de Transportistas del Perú, como voceros Frente del Agua, señalan que con la figura del “Terrorismo urbano” se busca legitimar las violaciones a los derechos humanos bajo el pretexto de combatir la inseguridad.
La destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la restitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, señalada como aliada del Congreso, fueron calificadas por los dirigentes de estos gremios, como un intento de golpe contra la autonomía del Ministerio Público, y que serían maniobras que forman parte de un plan para consolidar el poder de una coalición corrupta.
Ante este panorama, los movimientos sociales convocan a una jornada de protesta el 18 de junio, exigiendo la vacancia de Boluarte, la derogatoria de leyes que favorecen el crimen y la instalación de un gobierno de transición que garantice la pacificación del país. “Es momento de movilizar al 98% de la ciudadanía que rechaza esta coalición criminal de la muerte”, declararon los organizadores, llamando a defender la vida, el medio ambiente y los territorios de las comunidades.
Señalaron que la ciudadanía exige justicia y reparación para las víctimas de la violencia, mientras el país se prepara para una nueva jornada de movilizaciones en las calles.
