El pasado miércoles 31 de julio a las 5 de la tarde, el ascensor de la torre de control del nuevo aeropuerto Jorge Chávez volvió a fallar, esta vez de forma alarmante: se soltó y cayó un piso con dos trabajadores en su interior, según denunciaron los propios controladores aéreos.
Los afectados no resultaron con lesiones graves, pero el susto y la indignación persisten. El ascensor ya presentaba múltiples fallas antes del incidente, entre ellas botones inoperativos, fallas en el intercomunicador y un botón de emergencia que no respondía. El sistema no había sido reparado a pesar de las advertencias previas del personal.
Por su parte, Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del terminal aéreo, calificó el incidente como un «movimiento y vibración anómalo», minimizando lo que los testigos describen claramente como un desplome de un piso completo. Ante la presión, LAP ordenó la clausura del ascensor y anunció una revisión técnica.
«Fue una caída. No una vibración. Nos pudimos haber matado», comentó un trabajador bajo condición de anonimato.
Desde distintos sectores se exige una investigación inmediata e independiente para determinar las causas reales del incidente y evitar futuras tragedias. Además, se espera que las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fiscalicen con mayor rigor las condiciones de seguridad en la torre de control, pieza crítica del sistema aeronáutico del país.
Este no es el primer incidente reportado con ese ascensor, lo que plantea dudas sobre el mantenimiento, la supervisión y la calidad de los servicios implementados en la nueva infraestructura.
¿Hasta cuándo?
Mientras se realizan las investigaciones, el ascensor permanecerá inhabilitado. Sin embargo, la confianza del personal está seriamente afectada. En un entorno donde la seguridad debe ser total, cualquier falla estructural representa un riesgo inaceptable.
