Vladimiro Montesinos, el rostro más temido del poder en la sombra durante el régimen de Alberto Fujimori, ha cruzado una nueva línea en su vida: el pasado 20 de mayo cumplió 80 años. Con esa edad, la ley 32181 entra en juego, y con ella, la posibilidad de que deje la cárcel para continuar su condena en casa, bajo vigilancia o restricciones.
No se trata de una puerta abierta de par en par, sino de una opción legal sujeta a una estricta evaluación. La norma establece que los reclusos mayores de 80 años pueden acceder a medidas sustitutivas, siempre que su condición física o mental justifique un trato humanitario.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, lo deja claro: no basta con la edad. El aspirante al beneficio debe demostrar deterioro físico o cognitivo, y convencer al juez de que ya no representa un riesgo ni para la sociedad ni para el proceso judicial.
Montesinos, sin embargo, es una figura que aún genera incomodidad. Sus múltiples condenas —varias de ellas aún en revisión— y su historial de maniobras desde las sombras hacen que cualquier movimiento suyo sea examinado con lupa.
El exfiscal anticorrupción Martín Salas advierte que antes de aplicar cualquier beneficio, debe verificarse si aún hay procesos pendientes en segunda instancia. Y si el juez acepta su arresto domiciliario, no bastará con simplemente encerrarlo en casa: deberá establecerse un cerco estricto, incluyendo control de visitas y vigilancia permanente. “No puede haber margen para maniobras. Montesinos no es cualquier preso”, subraya Salas.
Casos anteriores han mostrado que la ley no se aplica automáticamente. El expresidente Alejandro Toledo, por ejemplo, vio rechazada una solicitud similar por no contar con una sentencia firme.
Ahora el destino de Montesinos está en manos del Poder Judicial. Lo que está en juego no es solo la salud de un anciano, sino la confianza pública en la justicia.
