El nuevo aeropuerto Jorge Chávez aún no logra funcionar con normalidad, pero eso no ha sido obstáculo para que Ositrán proponga una nueva tarifa. Sí, mientras los pasajeros soportan colas interminables, falta de espacio y fallas constantes en los sistemas de Migraciones, el regulador anuncia un nuevo cobro: US$6,79 para vuelos en transferencia nacional y US$10,74 para los internacionales.
La medida, que afectará únicamente a los viajeros que hacen conexión en Lima, ha generado malestar entre los usuarios, que ya enfrentan servicios deficientes y desorganización total. Lo que debería ser una solución para el desborde y la mala experiencia, parece convertirse en una excusa más para sacar provecho económico en medio del desorden.
Ositrán ha convocado audiencias públicas los días 3 y 7 de julio para “explicar” el ajuste, aunque muchos temen que todo ya esté decidido y la participación ciudadana sea solo un formalismo. Las sesiones serán presenciales y virtuales, pero ni eso garantiza que funcionen sin fallas, dadas las condiciones actuales del aeropuerto.
En vez de priorizar la operatividad, la atención al usuario y la transparencia sobre los problemas del nuevo terminal, el mensaje que se lanza es claro: el desorden se paga… y cada vez más caro.
