En el Perú la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la entidad encargada de garantizar el uso sostenible del agua; sin embargo, hay casos que evidencian como la ANA pone trabas y entorpece el desarrollo de proyectos de inversión privada, sobre todo aquellos que requieren autorización para el uso de aguas subterráneas.
Retraso injustificado en Palca: un ejemplo de ineficiencia
Un ejemplo claro de estas trabas burocráticas lo representa el retraso de un proyecto en el distrito de Palca, Tacna; el proyecto inició el trámite el 6 de diciembre de 2024, con una solicitud para ejecutar estudios de disponibilidad hídrica subterránea y perforar un pozo exploratorio. En las semanas siguientes, la ANA avanzó con los pasos intermedios, como la inspección ocular realizada el 14 de enero de 2025, tras la cual —según ley— debía emitirse una resolución directoral en un plazo de 30 días hábiles.
De acuerdo al TUPA de la ANA del año 2023, el plazo de atención para este procedimiento es de 30 días hábiles y de no haber respuesta dentro del plazo establecido, aplica el silencio administrativo positivo, es decir que la solicitud se considera aprobada automáticamente.
En la práctica esto no se cumple. En el caso mencionado han transcurrido más de 90 días sin respuesta formal y la autorización para perforar sigue sin emitirse.
Esta omisión coloca al inversionista en una situación de total incertidumbre legal y operativa y lo obliga a detener sus inversiones por un acto administrativo simple que debería resolverse en el plazo de un mes.
Silencio administrativo que no es respetado
El silencio administrativo positivo es una herramienta legal diseñada para proteger a los ciudadanos y empresas de la inacción del Estado, pero cuando una entidad como la ANA ignora este principio se genera un clima de inseguridad jurídica y desconfianza total en la gestión pública.
Aunque la ANA se ampara en tecnicismos y regulaciones específicas para justificar la demora, el derecho administrativo y la Ley N.º 27444 son más que claros: si el plazo ha vencido y no hay respuesta, la aprobación debe entenderse como concedida; pero en la práctica esto no se respeta ni se ejecuta.
Impacto directo sobre la inversión privada
Las trabas burocráticas tienen consecuencias reales en sectores como la agricultura, minería, industria y vivienda rural donde el acceso al agua es indispensable.
Sin autorización para perforar los pozos y/o utilizar fuentes subterráneas los proyectos se detienen y esto frena el crecimiento económico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera.
Este tipo de obstáculos son un cuello de botella para la inversión privada en nuestro país y generan pérdidas económicas, retrasos operativos y desincentivos para nuevos emprendimientos. Más aún, estas ineficiencias afectan la competitividad del país en un contexto donde la eficiencia del Estado es clave para atraer capital.
Quejas reales que confirman el problema
Existen antecedentes documentados de quejas por parte de empresas privadas afectadas por la inacción o ineficiencia de la ANA; por ejemplo, el caso de la empresa El Pino Gerpal S.A.C. que presentó una queja formal ante el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas debido a que su expediente fue ignorado durante el doble del plazo legal establecido, lo que llevó al tribunal a declarar fundada la queja por defecto de tramitación.
En otro caso, la empresa ITSAC, contratista de la ANA, denunció públicamente que el Estado le adeuda pagos desde hace más de tres años, pese a contar con todos los documentos en regla. La falta de cumplimiento llevó al despido de más de 300 trabajadores, lo que evidencia no solo desorden administrativo, sino un grave perjuicio económico para el sector privado.
El propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ordenó en 2024 la reorganización de la ANA, tras advertir serias deficiencias en su gestión, posibles actos de corrupción y una burocracia excesiva que afecta la ejecución de inversiones.
La presión no solo provino del Ejecutivo: gremios como la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú también han exigido cambios urgentes en la conducción de la ANA, acusando una «absoluta incapacidad» de respuesta frente a los problemas del sector.
Estos ejemplos refuerzan la necesidad urgente de una reforma estructural profunda en la gestión del agua en el país, para que entidades como la ANA dejen de ser un obstáculo y pasen a ser aliados del desarrollo nacional.
No se trata solo de agilizar procesos, se trata de respetar los principios básicos del derecho administrativo, como el silencio positivo, y así garantizar un trato predecible y eficiente a los inversionistas.
La ANA en su forma actual de operar se ha convertido en un freno para el desarrollo y mientras no se reforme la gestión y los procedimientos de esta institución los inversionistas seguirán topándose con muros burocráticos disfrazados de gestión técnica.
